La corrupción es considerada uno de los problemas más urgentes por resolver para las sociedades, junto al desempleo, la inseguridad, la pobreza y la inflación.
Alberto Aziz Nassif escribió en su columna semanal de El Universal: “Malas noticias para México y para la política: la percepción de los ciudadanos sobre los niveles de corrupción no mejora. A los ojos ciudadanos seguimos siendo un país extremadamente corrupto”.
Basado en el reporte de Transpa-rencia Internacional (TI), que colocó a nuestro país en altos niveles de corrupción de acuerdo al índice difundido, se desprende que este mal ha permeado en prácticamente todas las esferas del quehacer público y privado de la República.
De acuerdo al estudio, la corrupción es considerada uno de los problemas más urgentes por resolver para las sociedades, junto al desempleo, la inseguridad, la pobreza y la inflación; sin embargo, los encuestados externaron su pesimismo sobre la posible reducción de los niveles futuros de corrupción.
Esta característica se repite en toda la región latinoamericana, en donde los propios habitantes aceptaron participar en actos de corrupción aun después de considerar que el tema representa un grave problema en su vida familiar y personal.
Surgen entonces algunas interrogantes como: ¿cuánto tiempo y qué condiciones hacen falta para reducir considerablemente los índices de corrupción en México y la región?, y ¿por qué esa condición nos ha marcado?
Asunto generacional
No hay un recetario para responder a las primeras preguntas. Lo cierto es, como apuntó en exclusiva para La Nación Eduardo Romero Ramos, titular de la Secretaría de la Función Pública, que esto podría tardar lo mismo que una generación, por tratarse de un asunto, ante todo, de índole cultural.
“En Hong Kong llevan poco más de 25 años con ese esfuerzo, y en los índices de Transparencia Internacional este país hoy tiene una calificación de más de ocho puntos en una escala de 10, por encima de Estados Unidos que tiene 7.8. Hace 25 años, ese país decidió que no quería seguir siendo visto como un paraíso de contrabandistas, y ha trabajado desde entonces institucionalmente y tardado una generación en lograr el cambio”, precisó el funcionario.
En tanto, Jaime López, director ejecutivo de la organización antico-rrupción salvadoreña Probidad, estimó que este fenómeno es favorecido por el autoritarismo.
“Bajo nuestra concepción, la corrupción es un fenómeno relacionado a sociedades o instituciones que funcionan -permanente, temporal o coyunturalmente- bajo esquemas autoritarios. En ese sentido, ha estado presente en las sociedades latinoamericanas desde su fundación misma y seguirá en ellas, dado que la democracia perfecta no es algo realizable”, señaló a este medio.
En el caso de México, apuntó en un estudio escrito en 1996 Juan Antonio Le Clerc, ex investigador de la Fundación Rafael Preciado Hernández, “el (anterior) sistema político mexicano no sólo puede ser explicado a partir de la co-rrupción sino que también es un sistema que se construye sobre los pilares de la corrupción desde, por lo menos, su independencia”.
Para el analista, esto implica “partir del supuesto de que la corrupción ha jugado históricamente un papel importante en el mantenimiento del orden y las relaciones políticas internas, por medio de prácticas clientelares, patrimoniales, caciquiles y regidas por el personalismo y la intermediación política”.
Una de sus conclusiones es que el sistema político mexicano era una “cleptocracia” donde la corrupción se convirtió en “enfermedad sistémica”.
Antídotos
Así, los remedios contra la corrupción serían una mayor transparencia en la labor gubernamental, un régimen democrático y el cambio de las relaciones políticas y sociales que se dan en el país.
Para el Director Ejecutivo de Probidad, la respuesta frente a la corrupción no es un asunto sólo de voluntad sino también de capacidad. “Ocurre que en la actualidad muchas prácticas de corrupción son altamente sofisticadas (principalmente las vinculadas a los negocios transnacionales) y su resolución escapa a la competencia de los estados nacionales.
“Un ejemplo de esto se observa con las dificultades que existen para repatriar activos producidos por hechos de corrupción o lo complicado que resultan los procesos de extradición”.
Jaime López añadió que fue hasta hace dos o tres décadas cuando el fenómeno comenzó a ser reconocido como corrupción, “en la medida que se instalaron procesos de democratización, se comenzaron a sustituir los regímenes militares por gobiernos civiles y el destino y uso de la cooperación internacional cobró relevancia”.
No obstante, los esfuerzos por combatir este mal -que se calcula en miles de millones de dólares al año como costo social- se han enfrentado a escasos resultados. Resulta preocupante que todos los estados latinoamericanos, en comparación con otras latitudes, ofrezcan ejemplos de este tipo de prácticas.
Somos todos
En un intento por explicar las raíces de este problema, Juan Antonio Le Clerc describió las que consideró reglas del juego a favor de las prácticas corruptas: “El mal no está en los individuos concretos que dan vida a las instituciones sino en las reglas del juego, en sí mismas corruptas, que hacen de la vida pública una oportunidad (y en ocasiones una obligación) para obtener beneficios privados”.
Y es que en nuestro México estuvimos tan acostumbrados a este tipo de prácticas que las observamos como parte de la idiosincrasia que nos caracteriza. “El que no es transa, no avanza”, reza un conocido dicho popular nacional.
En su campaña presidencial, José López Portillo, como lo haría un sexenio más tarde Miguel de la Madrid con aquel lema de “Por una renovación moral de la sociedad”, enarboló la frase de “La solución somos todos”, pero el mismo pueblo la cambió -para hacerla más ad hoc a las circunstancias que se vivían- por “La corrupción somos todos”.
Jaime López estimó que este fenómeno seguirá presente en las sociedades latinoamericanas, puesto que “las prácticas van evolucionando y siempre las sociedades tendrán el problema de hacer frente a prácticas innovadoras o más sofisticadas”.
Y, como abundó el titular de la Secretaría de la Función Pública, “la sociedad mexicana por mucho tiempo afirmaba que éramos un país corrupto, porque el gobierno lo era, y nunca reflexionaba que en su propia empresa tienen problemas; que en el sindicato tienen problemas; que en la calle hay problemas”.
La corrupción, añadió en su análisis Le Clerc, “nunca funciona por sí sola. Para entenderla cabalmente se debe resaltar la serie de prácticas que están en el origen y que son su fundamento: el aspecto monárquico del poder, la organización burocrática, la economía de prestigio, el gasto ceremonial y la re-lación de clientela”.
El Secretario de la Función Pública recordó que en una encuesta realizada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), se encontró que el 60% de los estudiantes consultados a nivel universitario confesaron haber participado en algún acto indebido, como el robo de un examen, copiar, arreglar faltas irregularmente o presentar un certificado médico falso.
“Pero ese no es el problema -consideró Jaime López. La diferencia estriba en que las prácticas de corrupción sean detectadas, investigadas y resueltas con propiedad. Esto implica que sean sancionadas adecuadamente, que se logre la recuperación de los activos, que haya reparación para los afectados y que se adopten medidas preventivas”.
Alternativas
Ante la pregunta de si se acabará algún día la corrupción, Eduardo Romero Ramos dio signos de esperanza: “El escrutinio público y la transparencia son temas que por sí solos representan herramientas muy poderosas contra la corrupción, por la simple y sencilla razón de que ésta se desenvuelve en lo oscuro, y la transpa-rencia inhibe ese fenómeno”.
Para Jaime López, “la corrupción es un conflicto normal ocasionado por los grupos que quieren tener mayor poder en una sociedad. En realidad, en el caso de América Latina el problema no es la corrupción en sí misma sino la débil o nula respuesta frente a ella: la incapacidad de nuestras sociedades para adoptar políticas de transparencia y procesar los casos de manera efectiva y contundente”.
Obviamente, apuntó el Director Ejecutivo de Probidad, esto está vinculado fuertemente al encubrimiento. Sin embargo, también se dan casos en que se trata de una carencia o desprecio a valores democráticos y de patrones autoritarios para el ejercicio del poder”.
Y como último eslabón del problema, de acuerdo con Jaime López, se encuentra la falta de presión social o colectiva: “Si los ciudadanos no conciben que tienen derecho a la transparencia y la exigen, automáticamente dejan que otros se apropien de los espacios y recursos públicos y que los utilicen en beneficio propio”.
Romero Ramos concluyó que “en todos los países del mundo existen fenómenos de deshonestidad, no nada más en los ámbitos públicos y gubernamentales, también en los privados. La estrategia del juego es irlo haciendo más difícil, ir preparando mejor a las instituciones y a la sociedad mexicana para sancionar los casos que se conocen, para que no haya impunidad y para ser muy preventivos”.