A 14 años de haberse creado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), si bien el panorama no es el idóneo se han dado pasos importantes tanto de las autoridades federales como de la misma ciudadanía representada por las organizaciones no gubernamentales (ONG´s).
Señalado como el principal elemento para consolidar un sistema democrático, los derechos humanos en nuestro país se afianzan, sobre todo en los últimos cuatro años, luego de que por mandato constitucional se eligiera en 1999 al primer ombudsman (defensor del pueblo) mexicano -los anteriores fueron designados por el Ejecutivo, coincidieron nuestros entrevistados.
Es importante subrayar que en México como en Europa, son las organizaciones no gubernamentales las primeras que construyen y proponen prácticas educativas en derechos humanos, señala en un estudio la coordinadora General de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Gloria Ramírez.
La también integrante del Consejo Consultivo de la Academia Mexicana de Derechos Humanos señala que las ONG´s no sólo han puesto en un primer lugar de la agenda nacional el problema de los derechos humanos sino que por igual elaboran propuestas educativas en la materia y hoy exigen que se articule en las políticas educativas el problema de la paz.
Los avances
En el sexenio pasado, a partir del programa de modernización educativa se inscribieron los derechos humanos en los programas y contenidos de educación básica, puntualiza la doctora y catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Gloria Ramírez.
Y aunque la CNDH se creó por decreto presidencial el 6 de octubre de 1990, fue hasta 1999, al final de la administración de Ernesto Zedillo, cuando se elige por primera vez al presidente de dicho organismo.
Para entonces, recuerda otro miembro de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, José Antonio Castillo, ya habían pasado nueve años y la CNDH había tenido tres ombudsman: Jorge Carpizo McGregor, Jorge Madrazo Cuéllar, ambos también ex procuradores generales de la Repúlica, y Mirelle Rocatti, todos designados por el presidente en turno.
Con la reforma de 1999, donde se eleva a rango constitucional la autonomía de la CNDH, se estipula que el ombudsman debiera estar desligado del Poder Ejecutivo y que en ese caso estuviera más vinculado con el Legislativo, a través de la Cámara de Senadores.
Sobre este aspecto, la senadora panista Micaela Aguilar González, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, inquiere: “antes del año 2000, ¿quién hablaba de derechos humanos?
“Se tenía la idea de que la Comisión se había creado para defender a delincuentes, sólo eso sabíamos. En el 2000 se empezó a difundir qué eran los derechos de las mujeres, de los niños, de los migrantes, de los indígenas, de los hombres y mujeres en reclusión”, puntualiza.
Y considera que en los últimos cuatro años ha habido un despertar en este tema, aunque al mismo tiempo reconoció que falta mucho por hacer.
La Senadora por el estado de México resalta que la educación en derechos humanos es fundamental, de ahí el énfasis que se le da a esos programas en todos los foros nacionales.
En el concierto internacional
La legisladora federal del PAN estima que uno de los principales logros de la presente administración federal es la instalación en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
A través de esta instancia, nuestro país ha recibido a 15 visitadores de diferentes ámbitos de los derechos humanos.
Se han abierto oficinas de la CNDH en las fronteras norte y sur y se plantea con los legisladores de Estados Unidos la aplicación de la matrícula consular para los migrantes, lo que muestra el indudable avance a paso rápido y seguro, considera la Senadora.
El catedrático universitario José Antonio Castillo destaca el señalamiento de las ONG´s de que México en este momento está pasando por un proceso muy importante en la consolidación de la atención en derechos humanos.
El 10 de diciembre de 2003 se presentó el diagnóstico de la situación de los derechos humanos como resultado del convenio de colaboración técnica entre la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y el Gobierno federal, firmado el 2 de diciembre del 2000 por el presidente Vicente Fox y Mary Robinson, entonces comisionada.
En esta segunda etapa -detalla Castillo- se da a conocer el diagnóstico y este próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, se espera que se presente el Plan Nacional en la materia.
La controversia
José Antonio Castillo califica que el punto de acuerdo a que llegaron los senadores para relevar al Presidente de la Comisión Nacional fue excluyente. Refiere que este acuerdo parlamentario se toma porque en el artículo 102 constitucional, apartado B, hay lagunas que no dejan claro ni los tiempos ni el cómo del proceso y, por otro lado, la propia ley de la CNDH tiene la misma problemática.
Es conveniente señalar, reitera Castillo, que este acuerdo camaral no resulta ser el mejor, porque tiene una serie de deficiencias que a la postre se van a constituir en elementos de crítica no sólo por personas que militan y representan a ONG´s sino de otros actores que incluso participaron en la contienda.
Se trató de un acuerdo excluyente, porque se estableció que al decidir la reelección de José Luis Soberanes automáticamente quedaban fuera los demás aspirantes. No dio posibilidad a la terna, acusa el miembro de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos.
En contra parte, la senadora Micaela Aguilar González señala que se basaron estrictamente en la Constitución, aunque después reconoce que hay una laguna en cuanto al procedimiento de elección que se tendrá que enmendar para que en el próximo proceso (en cinco años) queden más claras las reglas.
Aguilar González explica que al no estar bien especificado el método de elección, “porque la ley sólo nos dice que se tendrá que hacer una auscultación con las organizaciones (ONG´s), pero no dice cómo ni en qué tiempo ni en qué forma”, se hizo un punto de acuerdo aprobado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado y después por el Pleno.
Éste consistía en que se tenían que recibir las propuestas y entrevistar a los interesados en participar; se abrió la convocatoria y después del lanzamiento de ésta tuvieron 15 días para entrevistar a las organizaciones.
La crítica radica en el método que se utilizó para seleccionar a las organizaciones entrevistadas, ya que son cientos las existentes en México. La secretaria técnica de la Comisión camaral -que es la que tiene mayor conocimiento, puntualiza la Senadora- seleccionó a las más conocidas “entre las que recuerdo la Confederación de Ombudsman, que reúne a los 32 defensores de los estados; la Agustín Pro y a quienes hicieron la movilización demandando seguridad pública, yo creo que fueron organizaciones muy representativas.
“No alcanzamos a entrevistar a todos, porque eran más de mil solicitudes las que llegaron, unas pidiendo la ratificación, otras dándonos el perfil que debiera tener el ombudsman; entonces, no nos dio tiempo, pero nos apegamos a ese punto de acuerdo”.
En cuento a la terna, la ley da la pre-ferencia a primero eliminar la posibilidad de una ratificación, que si no hubiera existido ésta entonces debían entrevistar a los 25 candidatos que finalmente quedaron, concluye la legisladora por Acción Nacional.
Enmendar, corregir y conciliar
En entrevista con La Nación, el recién ratificado presidente de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández, confía en que en el nuevo periodo, que inició el 16 de noviembre con su toma de posesión en una sesión del Senado, se puedan enmendar las fallas y conciliar con las ONG´s que han criticado su desempeño al frente de la Comisión Nacional.
“Tenemos el reto de dialogar y ver de todo esto cuál es lo positivo, cuál es lo aprovechable y tratar de cambiar para mejorar”, se comprometió el Ombudsman mexicano.
“Independientemente de lo que podamos avanzar en reformas legislativas, tenemos como grandes retos el tema de los derechos indígenas, de las víctimas del delito, la situación de las mujeres, particularmente el asunto de las asesinadas en Ciudad Juárez”, puntualizó a La Nación.
Al respecto, la senadora panista Micaela Aguilar comenta que también existe el proyecto de instituir una quinta visitaduría dentro de la CNDH para los migrantes.
Soberanes Fernández considera que el avance en la promoción y defensa de los derechos humanos es indiscutible, pues entre otras cosas ha bajado la incidencia de tortura en México, ya no se ve como algo natural sino como lo que es: un delito grave.
De igual manera, “hay una tendencia a ratificar los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales”.