El viernes 18 de marzo del presente año se publicó en diferentes diarios capitalinos una inserción pagada y titulada “La verdad sobre El Encino”, en la que el licenciado Fernando Espejel Cisneros, representante legal de la empresa Promotora Internacional Santa Fe, dio a conocer su posición como parte afectada en este caso.
En el desplegado se hacen tres puntua-lizaciones: “Lo grave del caso de El Encino no es abrir una calle para dar acceso a un hospital. Lo grave es que el Jefe de Gobierno, el señor López Obrador, violó la Ley de Amparo, el instrumento más valioso que tienen los ciudadanos para protegerse contra los abusos de las autoridades. Violar el amparo, sin que haya castigo, es dejar a todos los mexicanos en el desamparo”.
Asimismo, La Nación entrevistó al legislador panista Álvaro Elías Loredo, integrante de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, quien aclaró que: “En torno a las declaraciones en el sentido de que fue el Presidente de la República quien decidió intervenir en el asunto del desafuero del Jefe de Gobierno capitalino, simplemente hay que clarificar que no fue así, la orden la dio el Juez 9º de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, quien concedió la suspensión definitiva de las obras”.
El Diputado federal condicionó: “Si no hubiera habido violación a la suspensión, no estaríamos hablando en estos momentos del tema”.
Hay que recordar, dijo Elías Loredo, que fueron las autoridades judiciales las que le dieron vista al Ministerio Público Federal que se vio obligado legalmente a integrar una averiguación penal, misma que no pudo ser consignada por la protección Constitucional del servidor público, es decir, el fuero.
Esta fue la razón por la que dicha instancia judicial acudió a la Cámara de Diputados para pedir el desafuero de Andrés Manuel López, explicó el legislador.
Este es un caso en donde el particular, la parte afectada, se ha defendido con todos los recursos legales a su alcance y el tiempo que ha transcurrido desde que inició el asunto de El Encino -en noviembre del 2000- hasta hoy día involucró juicios, recursos, apelaciones, revisiones y quejas de parte de los actores.
“Debemos aclarar que no se esperó hasta el 2004 a propósito, simplemente los procesos ocuparon el tiempo reglamentario en este tipo de situaciones”, añadió el integrante de la Sección Instructora.
Y dejó en claro que el desafuero no fue promovido por la Presidencia de la República ni por ningún otro actor político nacional, hay un particular que fue afectado y que reclama sus derechos, por lo que las autoridades están obligadas a actuar en consecuencia, remató.