La manera en que llevaron a prisión a Álvarez Cruz deja en el abogado la idea de que el aparato judicial actúa como una fábrica de culpables, más que un sistema de investigación ordenado y limpio. La instrucción para detenerlo se giró en 24 horas, dice, cuando él lleva días estudiando el expediente y aún no termina de leerlo, cosa que debió hacer la juez antes de proceder con el mandato.
El día que Francisco Granados de la Paz despertó con ganas de confesar su participación en el asesinato de varias mujeres, era un tipo colmado de remordimientos. Su pena era tan grande, dijeron autoridades norteamericanas que lo vieron en la prisión de Hudspeth, a donde había ingresado en octubre de hace un año, que simplemente dejó que fluyera.
“Él sabía que había cometido un error; su convicción cristiana lo hizo reflexionar para confesar”, dijo el sargento de los Ranger de Texas Brooks Long, quien grabó las confesiones que después serían enviadas a las autoridades de Chihuahua, en marzo de este año, e iniciado al mismo tiempo una operación para detener al principal sospechoso, Edgar Álvarez Cruz, en la ciudad de Denver.
Pero Granados no sólo era un atormentado. Su familia y el abogado que defiende a Álvarez dicen que por lo menos sufre de un grave extravío, de tiempo y espacio, y que en la versión final de sus confesiones, presentada por la Procuraduría de Chihuahua en el primero de los juicios por el asesinato de 17 mujeres, es fácil advertir la construcción de un guión incriminatorio.
“Tengo la grabación original que hace Francisco Granados a un ranger de Texas, y en ella hay datos interesantes: por ejemplo, nunca menciona ningún campo algodonero y tampoco un cristo negro. Pero además, todo lo que él narra dice que ocurrió en 1994”, dice el abogado Abraham Hinojos.
Granados de la Paz, un drogadicto de 28 años con problemas de dicción y memoria atrofiada, según su familia, es la pieza fundamental en el juicio que las autoridades han abierto en contra de Álvarez Cruz. De hecho, él mismo y un tercer amigo de infancia, Alejandro Delgado, El Cala, forman el grupo que cometió la más numerosa serie de homicidios de mujeres en la ciudad, sostiene la procuraduría.
Sin embargo, las investigaciones tienen tantas dudas como la versión narrada en la prisión de Hudspeth.
Granados fue detenido por autoridades de los Estados Unidos en octubre de 2005, después de que intentó cruzar la garita en uno de los puentes internacionales diciéndose ciudadano de ese país. Detenciones previas y otros delitos menores hicieron que fuera a prisión, y se le mantuvo en ese condado hasta que el escándalo de sus confesiones involucró al embajador en México, Tony Garza.
Las declaraciones de Granados, en marzo pasado, condujeron a la ubicación y arresto de Edgar Álvarez Cruz, en la ciudad de Denver, a mediados de agosto. La forma en que fue detenido esconde secretos, aunque sus familiares y el abogado creen que todo fue una maniobra perfectamente instrumentada durante todo ese tiempo.
Granados no solamente inculpó a Álvarez. Otro de sus amigos de infancia, Alejandro Delgado, fue mencionado también como autor de los asesinatos.
“Respecto a los hechos en donde se ha dado muerte a varias mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, han participado aparte de mí, Alejandro, alias El Cala, de quien no recuerdo sus apellidos, y Esgar o Edgar Álvarez, no recuerdo su otro apellido, a quienes menciono en mi conversación grabada con el ranger de Texas, Brooks Long”, dice la confesión que atribuye la Procuraduría de Chihuahua a Granados.
En la misma versión, que data del 28 de junio, ofrece detalles sobre varios asesinatos pero en el testimonio original, grabado por el ranger, las palabras tienen un orden y comportamiento muy diferente, dice el abogado Hinojos.
“En esa grabación te das cuenta inmediatamente que se trata de una persona que no puede expresarse bien”, dice. “Así que en la declaración que presenta la agregaduría de la PGR en El Paso, no existe concordancia alguna”.
La capacidad descriptiva que conceden esas confesiones mecanografiadas a Granados, son el punto de sospecha mayor de la familia hacia las autoridades.
“Es una de dar detalles que no es lógico”, dice su hermana María de la Paz refiriéndose a la supuesta confesión de Granados. “Ni yo misma recuerdo lo que llevaba puesto hace una semana, y él da detalles de la ropa que traía la víctima, de su ropa interior. Mi hermano es una persona muy distraída, él cuando iba a hacer un trámite me pedía que le escribiera los nombres de las calles, porque no las recuerda.
“Y en la declaración que ellos traen, da detalles de que dio vuelta en la calle fulanita, que dio vuelta a la derecha. O sea, él no tiene capacidad como para decir que en tal calle dio vuelta y camino tantos pasos, no tiene memoria. Si mi cuñada me dice que le pregunte cuándo nació su hija para que vea que no se acuerda. Y eso es lo que no nos parece lógico, lo que nos hace pensar que a lo mejor las autoridades le están diciendo, mira, estás ropas traía la víctima…”
Los desvaríos de Granados y la pulcritud de las declaraciones que las autoridades le atribuyen, no son la única fuente de suspicacia familiar.
Desde el arresto de Álvarez, la policía ministerial procedió a su vez con la detención de Alejandro Delgado, El Cala. Sin embargo, hasta hoy no ha sido presentado públicamente: su condición, dicen las autoridades, es la de un testigo protegido.
Se trata de una figura legal que efectivamente contemplan las leyes del estado, pero para que proceda se requiere previamente de una orden judicial que, dice el defensor de Álvarez, no existe.
Independientemente de ello, Delgado debería estar bajo proceso similar al de Álvarez, dice el abogado, pues también, en la lógica de los argumentos, es sospechoso de asesinato. Y el que nadie sepa de él, incluida su familia, desata especulaciones sobre la forma en que sus declaraciones incriminatorias han sido obtenidas.
“Quiero saber ¿cuál es la transparencia de estas investigaciones?”, se pregunta Hinojos. “Yo estoy convencido de la inocencia de Edgar, y de la falta de capacidad, incompetencia e ineptitud que tiene la procuraduría para abrir este tipo de casos”.
La manera en que llevaron a prisión a Álvarez Cruz deja en el abogado la idea de que el aparato judicial actúa como una fábrica de culpables, más que un sistema de investigación ordenado y limpio. La instrucción para detenerlo se giró en 24 horas, dice, cuando él lleva días estudiando el expediente y aún no termina de leerlo, cosa que debió hacer la juez antes de proceder con el mandato.
“Claro que detrás de esto opera el gobierno”, concluye.
Hinojos ha sustraído información importante que fue desestimada por la juez que ordenó el arresto de su cliente. Cita como ejemplo una declaración de la madre de Mayra Juliana Reyes Solís, la joven de 17 años por la que se abrió juicio a Edgar Álvarez Cruz, el martes 12 de septiembre.
Reyes Solís desapareció, dice la procuraduría, el 26 de junio de 2001, pero una declaración posterior de su madre, asegura que ella misma la vio en octubre de ese mismo año. Otra testigo, cuyo testimonio se incluye también en el expediente, aseguró haberla visto en septiembre de 2001. Ambos testimonios, sin embargo, fueron desestimados y ninguno formó parte de los argumentos de la procuraduría.
Fuera de las declaraciones que se atribuyen a Granados y a Delgado, las autoridades no tienen mayores argumentos ni pruebas científicas.
En el pasado, los abogados que defendieron a Víctor Javier García Uribe, El Cerillo, y a Gustavo González Meza, La Foca, se valieron de peritajes privados y los servicios gratuitos de sus abogados. En la ciudad de Chihuahua el abogado que condujo la exoneración de Ulises Perzábal y su esposa Cinthia Kiecker, así como del chiapaneco David Meza, también contó con periciales de expertos privados.
¿Se hará lo mismo en este caso? Hinojos dice que no: “Lamentablemente en este caso se confirma la realidad de que la justicia no es igual para los que tienen dinero que para los que no tienen dinero. La contratación de peritos ajenos a la procuraduría será algo que la familia deberá resolver. Y como usted ya vio, se trata de una familia humilde”.