Ya sea por ataques persistentes del sistema político o por el desatino de sus actos, las organizaciones de la sociedad civil que luchan por el alto a la violencia de género y el castigo a los responsables, han sucumbido a través de su historia a la más lamentable condición humana. La envidia, dicen algunas de las principales activistas, animó una guerra de acusaciones en la que no solamente ellas y sus organizaciones han salido heridas.
El pequeño grupo de madres llegó a las oficinas del Instituto Chihuahuense de la Mujer dispuesto a escuchar la más reciente grabación de los Tigres del Norte. Llegaron predispuestas, y como tal reaccionaron: antes de la mitad de la canción, todas lloraban con rabia. ¿Qué decía la letra de Las Mujeres de Juárez para desatar esas emociones? Nada insultante. Pero antes de ese día, arrancando la primavera del 2004, inducidas por funcionarios y políticos, todas ellas denostaron la pieza aún sin conocerla y el llanto a mitad de la sala a la que fueron convocadas para tocarles el disco, fue pretexto para una cobertura mediática que se prolongó durante meses.
Detrás de las críticas, o como artífice mejor dicho, la figura de Victoria Caraveo, para entonces directora del instituto, daba continuidad a un enfrentamiento que por años han sostenido las activistas del movimiento contra la violencia de género. Como parte de la elite social, Caraveo deduce que los rencores en su contra tienen un origen excluyente: no la quieren por guapa, rica y llamativa. En su residencia, dentro del barrio más exclusivo de Ciudad Juárez, ella tiene como mascotas a una boa albina y una guacamaya blanca, y su comedor se adorna con un cuadro de Botero. Pero eso nadie lo ve en las calles. Alguna vez, sin embargo, la fustigaron por aparecerse en público con un anillo de diamantes, cuyo brillo intenso fue calificado como un contraste ofensivo entre tantas madres opacadas de dolor.
Son desplantes que siempre han atraído a la prensa. Una década atrás, solían arremolinarse en torno suyo reporteros con grabadoras y cámaras, cuando formaba línea entre modestas amas de casa que reclamaban en las oficinas de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor por los cobros elevados de electricidad y gas. Caraveo fundó entonces Mujeres por Juárez, la ONG que sobrevivió a su paso por el Ichimu y a las descalificaciones por su trabajo como activista, que en realidad le importan poco porque ella se cree con solvencia moral y dominio del tema. Desde el primer reclamo de justicia, dice que investigó tanto de políticas y leyes de energía, que hoy fácilmente ganaría un debate con cualquiera de los candidatos presidenciales. Es una documentación que aplicó también en el caso de los homicidios, y sostiene por ello que su trabajo es serio y a prueba de injurias.
“Nunca he lucrado con el caso de los feminicidios”, dice. “Mujeres por Juárez se mantiene como una ONG y no se ha convertido en A. C. para recibir financiamientos del extranjero”.
En las oficinas de su organización, el servicio telefónico estaba suspendido el 21 de abril por exceso de pago. Es una muestra, dice, de que el dinero está ausente. En el lado opuesto, es decir, con recursos que les llegan desde fundaciones de Estados Unidos y Europa, Caraveo especula que operan unas 30 Asociaciones Civiles, constituidas durante el 2005. Muchas fueron ONG que comenzaron a solicitar ayuda y por tanto debieron cambiar su razón social, pero una cantidad importante son grupos que vieron en la violencia contra la mujer, la cantera perfecta.
“Hay muchas personas que han encontrado en esto su modus vivendi, porque la verdad nadie sabe a qué se dedican, pero yo te puedo decir que no ayudan a las madres de las víctimas”, dice Caraveo.
No hay un padrón disponible para verificar ese dato. De hecho, muchas otras dirigentes creen poco probable tal cosa. Pero la sospecha del lucro a partir del dolor, es algo que ha acompañado desde hace ocho años a los movimientos de la sociedad civil, y también a la actividad de varios artistas, escritores, músicos y políticos, ya sean nacionales o extranjeros.
El discurso que señala a las activistas como mercenarias nació con el gobierno de Patricio Martínez, en 1998, dice Martha Estela Pérez García, candidata a doctora en Ciencias Sociales en el área de Cultura Política y Relaciones de Poder por la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Pero su estrago mayor ocurrió en el 2003, con el arribo de Victoria Caraveo a la dirección del Ichimu. Como funcionaria de gobierno, dice la investigadora, impulsó a un grupo de madres llamado Justicia para Nuestras Hijas, y con ello se fragmentó el movimiento.
Caraveo contrató los servicios de unos periodistas locales para que realizaran un recuento sobre los expedientes que consignan el asesinato de mujeres. El resultado estableció que hasta entonces se habían consumado 321 homicidios, 90 de los cuáles encajaban dentro del rubro de lo sexual. Fue un resultado polémico, al que muchos consideraron restaurador de la imagen del gobierno, pues minimizó, dijeron, el fenómeno. Como sea, valiéndose de él, Caraveo inició gestiones para que 52 madres recibieran bonificaciones del estado por 900 pesos quincenales, y armó la ofensiva en contra de sus detractoras.
“Victoria Caraveo tiene que ver mucho, junto con Patricio Martínez, con la guerra de descalificaciones. Ahí es cuando las madres comienzan a desconfiar y a decir: sí es cierto, ellas (las activistas) estaban aquí porque querían dinero y poder político”, dice Pérez, que lleva años estudiando el trabajo de las ONG en Ciudad Juárez. “Lo que hizo el gobierno para descalificarlas, funcionó”.
Marisela Ortiz es la coordinadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa. El grupo nació en 2001, después del secuestro de Lilia Alejandra García Andrade, cuyo cuerpo torturado se halló, en febrero de ese año, tirado en un lote baldío. Ortiz era su maestra:
“Victoria Caraveo estuvo al servicio del Estado. Ella operó para dividir a las madres. Su nombramiento como directora del instituto creó expectativas, porque había formado parte de los organismos que luchaban por la justicia y el alto a la violencia de género, pero fue todo lo contrario”.
Ortiz es una incansable embajadora del drama fronterizo. En su condición de coordinadora de la Asociación Civil, ha viajado a Sudamérica, Estados Unidos, Europa y África. Caraveo ha cuestionado siempre su agenda itinerante, igual que la de otras miembros del Nuestras Hijas, e incluso ha dicho que el homicidio de mujeres le dio para realizar su maestría en España.
El lenguaje mordaz, ha sido empleado antes por las mismas madres de las víctimas. En el 2002, por ejemplo, Irma Pérez, cuya hija Olga Alicia Carrillo fue asesinada en el verano de 1995, se refirió al trabajo de las ONG como algo perverso: “nada más andan pidiendo a nombre de nosotras; hay mucho dinero que han trabajado con nuestro dolor”.
Paula Flores, la madre de Sagrario González, cuyo asesinato en 1998 dio pie al nacimiento del primero de los grupos conformado exclusivamente por familiares de las víctimas, decidió separarse de la lucha conjunta y crear su propia fundación, desencantada por lo que ya antes otra de sus hijas, Guillermina, había descubierto: la guerra de vanidades en muchas de las dirigentes del movimiento.
El asesino de Sagrario decidió entregarse a la policía el año pasado. José Luis Hernández Flores, de 28 años, era amigo de su víctima y del resto de la familia, proveniente de Durango.
Las acusaciones que sostuvieron por más tiempo los señalamientos de lucro entre las ONG, fueron hechas por Benita Monarrez. Ella es madre de Laura Berenice Ramos, una de las ocho víctimas del campo algodonero, cuyos restos no se han identificado satisfactoriamente. En el invierno del 2003, en el extremo de su coraje, llegó a condicionar entrevistas a cambio de dinero, “porque todos sacan ganancia, menos nosotras”, dijo.
Son argumentos difíciles por su ambigüedad. Desde 1998, varios libros han sido escritos, más con sentido de oportunidad que de denuncia, y lo mismo han hecho una buena cantidad de artistas plásticos, cineastas, documentalistas, dramaturgos y periodistas. Si bien hay ejercicios genuinos, se pierden en el juicio negativo no sólo de muchas de las madres, sino de un importante sector ciudadano.
“En nuestro caso, le vemos una gran ventaja al hecho de que los artistas se ocupen del tema, porque esto permite ver lo que se hace y lo que se deja de hacer”, dice pese a todo Marisela Ortiz.
Es una idea que comparten muchas de las activistas, pero que en los hechos encuentra poca influencia al entorno violento contra la mujer. Una de las causas, dicen las críticas de esa industria lucrativa, como la califica Victoria Caraveo, es la perversión de la realidad.
El caso más reciente del espectáculo corresponde al cineasta Gregory Nava. Guionista él mismo de su film Bordertown, pudo convocar a un elenco atractivo, que incluye a Jennifer López y Antonio Banderas como figuras centrales. La trama es simple: una reportera -caracterizada por López- llega a Ciudad Juárez para adentrarse en una investigación que la lleva a descubrir que detrás de los asesinatos, hay un poderoso grupo criminal que incluye a funcionarios y policías corruptos.
Nava eligió Nogales, una ciudad que no guarda mayores paralelismos con Juárez que su condición fronteriza, y ahí montó un escenario que magnifica estereotipos ya antes difundidos en libros y documentales. En una de las pocas escenas filmadas hasta hoy, se ve cuando López cruza por una manifestación en donde la multitud grita “Ni una más”, mientras esgrime pancartas con los retratos de las víctimas, en este caso, los rostros de las actrices mexicanas Edith González, Niurka Marcos y la ex alumna de la Academia, Jolette. Rostros de un perfil que jamás tuvieron las víctimas.
El espectáculo visto así, y el fuego cruzado entre dirigentes de organizaciones civiles, han repercutido al final de manera negativa, opinan algunas activistas. Si bien es verdad que la presión de todos estos años redundó en la apertura de fiscalías y comisiones especiales, aún es hora que ningún funcionario es castigado por su negligencia, y de los asesinatos de las mujeres cuyo hallazgo ha perturbado por concentrarse en cuatro zonas, no se sabe nada.
“Desde luego que el fenómeno ha dado pie al nacimiento de muchos grupos e individuos que han lucrado”, dice Esther Chávez Cano, directora y fundadora del centro de crisis para la mujer Casa Amiga, y pionera en la lucha contra la violencia de género. “Pero ellos que se juzguen solos”.
Chávez ha sido un blanco favorito a la hora de tirar las flechas envenenadas. Muchas madres agrupadas en Mujeres por Juárez y Nuestras Hijas de Regreso a Casa, han dicho por ejemplo que ella es la principal receptora de donativos provenientes de fuera y dentro del país. El coraje les nace porque, dicen, recibe dinero por algo que no hace: ayudar a las familias de las mujeres asesinadas.
Casa Amiga opera desde 1999. Su arranque fue posible porque el entonces presidente municipal, Gustavo Elizondo, financió con 30 mil pesos mensuales parte de las operaciones del centro. Chávez Cano dice que ni entonces y mucho menos antes de abrir sus puertas, Casa Amiga se concibió para asistir a las madres de las mujeres asesinadas, sino para atender a las víctimas de la violencia, igual que a sus familias.
Desde el 2001, las actrices mexicanas que se rotan intervenciones en Los Monólogos de la Vagina, la obra de Eve Ensler, han hablado del asesinato de las mujeres en Ciudad Juárez y tras ello solicitan a la audiencia que colaboren con lo que puedan, para ayudar así al funcionamiento de Casa Amiga. En tres años, dice una investigación de la reportera Sandra Rodríguez, se recabaron 74 mil 296 dólares. La periodista cita como fuente la oficina de Ensler.
El centro de crisis cambió hace un mes de dirección. De una vieja casa en las proximidades del centro de la ciudad, se mudó a un moderno y amplio edificio construido en el extremo suroriente. Esa zona era un desierto conocido como Lote Bravo, 13 años atrás. A unos cuatro kilómetros de allí, se hallaron los cuerpos de cinco mujeres, en el verano de 1995. El edificio lo donó a la Asociación Civil la Fundación del Empresariado Chihuahuense. Es tan grande, que hoy Chávez Cano dice que sufrirán para mantenerlo.
Casa Amiga mantiene una nómina modesta, en la cual Chávez Cano gana como directora 2 mil 800 pesos semanales, mientras que sus psicólogas obtienen mil 633 pesos cada siete días. Los ingresos por donativos en marzo ascendieron a 170 mil pesos, y se gastaron en operaciones 441 mil pesos. El balance negativo lo sobrellevan con ahorros, como el que les dejó un mes de redondeo en una cadena de tiendas de almacén, por un millón 429 mil pesos. Del dinero que recolectan en las funciones de los Monólogos de la Vagina, Chávez Cano dice que bajaron de 20 mil pesos mensuales, a ocho mil, en febrero.
En contraparte, el equipo de 12 trabajadoras del centro, entre psicólogas, trabajadora social, abogadas y asistentes de prevención, atendieron a 39 mil 93 personas, entre niños, niñas y mujeres víctimas de abuso, que lo mismo recibieron platicas, talleres, terapias y orientación legal.
“Casa amiga requiere de bastante dinero, y reciben donativos mucho más que lo que podamos recibir nosotras”, dice Marisela Ortiz, de Nuestras Hijas de Regreso a Casa. “Pero en realidad no creo que les alcance, porque el trabajo que realizan es muy grande”.
El dinero llega al centro de crisis también por obra y gracia del espectáculo. Una parte del capital, por lo menos. Pero es un show distinto a la explotación del dolor en vivo que se realiza, por ejemplo, con actos como el de la canción de los Tigres del Norte, dice Martha Estela Pérez García, la investigadora que ha documentado por una década el trabajo de las ONG. Sin embargo, aclara, el dolor quizás sea un discurso justificado.
“Las organizaciones pueden tener sus puntos criticables, pero pienso que si ellas no hubieran surgido, el problema nunca se hubiera dimensionado; se hubiera quedado como un problema local. Estamos a 13 años y muchas madres aún ahora no están seguras de que enterraron a sus hijas, porque a muchas les entregaron puros huesos”.