En México, las autoridades han reconocido que la gran mayoría de los secuestros no son denunciados por el temor a la corrupción y la incompetencia policíaca, un supuesto que para Miranda se cumplió en su caso.
E. EDUARDO CASTILLO
Associated Press
México, DF- María Isabel Miranda no dudó en acudir a las autoridades cuando su hijo fue secuestrado a mediados de 2005, y tampoco vaciló en indagar por su cuenta para dar con su paradero. Pero nunca imaginó que su trabajo resultaría más efectivo que el de la policía.
Hugo Alberto Wallace, un capitalino de 36 años y dueño de una empresa de fumigación, fue secuestrado en julio del 2005. Un hombre y dos mujeres cumplen detención domiciliaria y no precisamente por la investigación de la policía, sino por la tarea detectivesca y la valentía de su madre.
El caso se conoció en febrero del 2006, cuando en tres puntos de la capital aparecieron carteles enormes con la fotografía de un hombre identificado como César Freyre Morales y la leyenda “Si fuiste víctima de este delincuente denúncialo”.
Un par de semanas después, los anuncios fueron cambiados por otros con la foto de un hombre identificado como Jacobo Tagle, a quien Miranda señala como otro de los presuntos secuestradores de su hijo, y por quien incluso ofreció una recompensa de 250.000 pesos (unos 23.000 dólares) a quien lo capture y entregue a las autoridades.
A raíz de los anuncios, ha comenzado a conocerse una historia que apunta a la ineficiencia o simple desinterés de las autoridades ante una denuncia ciudadana.
Wallace, separado de su esposa y con una hija de 10 años, salió la noche del 11 de julio del 2005 de su casa en el sur de la ciudad para ir al cine con una mujer identificada como Juana Hilda González. Esa noche no habló con su madre como solía hacerlo a diario.
La mañana siguiente, Miranda llamó a casa de su hijo para saber por qué no se había comunicado, aunque la muchacha que hacía la limpieza le informó que no había ido a dormir.
“Esa situación a mí me alarma sobremanera porque nunca lo hacía… todos los días llegaba invariablemente a dormir”, recordó Miranda en una entrevista con la AP. Preocupada comenzó a preguntar a amigos y familiares sobre el paradero de su hijo.
Nadie tenía idea y Miranda decidió organizar una búsqueda por la ciudad que permitió localizar la camioneta de su hijo abandonada en una calle del sur de la capital.
Ese día comenzó la odisea de Miranda para dar con los captores de su hijo. Presentó una denuncia por desaparición en la Procuraduría General de la República (PGR) y la de la ciudad de México y comenzó a indagar por su cuenta, en primer lugar con los vecinos del lugar donde apareció la camioneta.
Ahí le contaron que habían visto que alguien hizo bajar de la camioneta a un joven y lo metieron a un edificio a una cuadra de donde encontraron la camioneta. Relataron que no es la primera vez y que al edificio suele llegar un hombre al que identifican como César Antonio Fernández, que parece “policía judicial”, está armado y tiene un tatuaje en cada brazo.
“Eso nos brincó sobremanera sabiendo cómo son los policías judiciales”, dijo en referencia a que en México no es raro que miembros de cuerpos policiacos estén relacionados con bandas delictivas.
La madre de Wallace no supo que su hijo estaba secuestrado sino 30 días después de su desaparición, cuando recibió una carta de los presuntos plagiarios. De nuevo fue a las procuradurías y levantó una nueva denuncia, ahora por secuestro.
Con ayuda de vecinos, amigos, del internet e incluso de directorios telefónicos, Miranda comenzó a obtener direcciones, nombres y fotografías de los presuntos plagiarios.
Su búsqueda la llevó al estado de Morelos, al sur de la ciudad de México, donde había trabajado en la procuraduría estatal un hombre llamado César Freyre Morales “que correspondía a las características que me habían dado; tenía los tatuajes que me decían: en el brazo derecho a su mamá y del lado izquierdo como unas llamas”.
A partir de ahí obtuvo direcciones de casas a las que llegaba a vigilar. En uno de esos lugares descubrió que Freyre vivía con su pareja sentimental de nombre Juana Hilda González, la mujer con la que su hijo había ido al cine el día de su desaparición, y quien le había sido presentada por un hombre identificado como Jacobo Tagle.
También averiguó que Freyre mantenía otra relación con una mujer identificada como Keopski Daniela Salazar, “hostess” de un restaurante de la Zona Rosa, en el centro de la capital. Miranda comenzó a realizar una tarea de vigilancia y seguimiento de los movimientos de los sospechosos.
En octubre, cuando estaban a la espera de información sobre dónde entregar el rescate (cuyo monto no desea revelar), la familia de Wallace ya no volvió a escuchar de los secuestradores.
¿Y las autoridades? “Nunca me dijeron nada, nunca hicieron nada. Nunca se preocuparon de nada; solamente se dedicaban medio a tomarle a uno las comparecencias”, dice Miranda, sentada en un restaurante pendiente de sus tres celulares que carga desde entonces para recibir cualquier información.
“Todo el tiempo estuvimos hablando, pidiendo que investigaran, les llevábamos nosotros las cosas que nosotros teníamos, pero todo el tiempo nos ignoraron”, añade, después de interrumpir la conversación para contestar una llamada de la oficina del gobernador de Morelos, Sergio Estrada, de donde le dicen que están a sus órdenes.
“Yo pensé que realmente las procuradurías estaban bien estructuradas, que realmente iban por los delincuentes; creía yo en las instituciones, pero ahora me doy cuenta que para nada, que uno se puede quedar solo en el camino”, dice Miranda.
Una vez identificadas las direcciones donde se movía Freyre y las dos mujeres con las que salía, Miranda redobló su vigilancia.
El 26 de enero de 2006 entró al restaurante donde trabajaba Salazar. Se sentó a comer, y en un momento la mujer se detuvo casi junto a su mesa a platicar con una compañera del restaurante. Miranda escuchó que decía que en dos días se iba a ir con Freyre a El Salvador.
“Ahí tomé la determinación de detener a César”, dice. Llamó a uno de sus hermanos para que la acompañara. Ambos esperaron a que Salazar saliera del restaurante y la siguieron en un taxi hasta su domicilio, de donde salió Freyre.
Sin pensarlo, la madre de Wallace se le acercó y lo encaró demandándole que le entregara a su hijo, y en respuesta el supuesto secuestrador le apuntó con un arma.
Miranda cuenta que en segundos, su hermano se acercó por detrás de Freyre y lo derribó, tiempo que ella aprovechó para correr y solicitar ayuda a unos policías capitalinos que pasaban por el lugar.
Antes de ser llevado por la policía, Freyre alcanzó a decirle “que esto no había terminado, que todavía quedaba mucha gente de su banda fuera y que me iba a matar, no sólo a mí, sino a mi nieta y a mi hija”, recuerda.
La valentía de Miranda ha permitido la detención de tres personas y dice que no se detendrá hasta que todos los responsables sean detenidos y recupere a su hijo o al menos su cuerpo. Un funcionario de la PGR le aseguró que lo mataron, aunque su cadáver no ha aparecido.
“Por supuesto que tengo miedo, pero ni el miedo me va a parar. Tengo que tener justicia por lo que le hicieron a mi hijo”, afirmó con la voz quebrada.
La investigación del caso Wallace está a cargo actualmente de la PGR, que mantiene en detención domiciliaria a Freyre, Salazar y González.
Las autoridades de la PGR han mantenido silencio hasta ahora sobre el caso, y declinaron hablar ante varias solicitudes de la AP al respecto.
José Luis Manjarrez, un vocero de la PGR, comentó que se ha decidido no informar nada al respecto para evitar “alterar” las investigaciones.
Estadísticas oficiales indican que en el 2005 hubo 315 denuncias de secuestros, un considerable descenso si se considera que de 2000 a 2004 el promedio anual fue de 514 a 530 plagios denunciados.
Pero en México, las autoridades han reconocido que la gran mayoría de los secuestros no son denunciados por el temor a la corrupción y la incompetencia policíaca, un supuesto que para Miranda se cumplió en su caso.
“Yo ya le dije a la autoridad: haz tu trabajo, ya te entregué a tres, ya tienes de dónde obtener toda la información, ahora ponte a trabajar”, añadió.
Los secuestros se convirtieron en una lucrativa actividad delictiva en la década del 90, en que bandas organizadas investigaban a sus víctimas y exigían rescates millonarios.
En la actualidad, la mayoría de esas bandas han sido desarticuladas y las personas pudientes tienen guardaespaldas. El grueso de los secuestros es llevado a cabo por delincuentes menores, que secuestran desde pequeños comerciantes hasta sirvientas.
“La historia de Miranda es similar a la de muchos mexicanos que son víctimas no solo de secuestros, sino también de otros delitos, como asesinatos, violaciones y asaltos violentos”, expresó el presidente del Consejo, José Antonio Ortega.