Ante los hechos suscitados en contra de periodistas en México y de acuerdo con el último informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), entre 2004 y lo que va de 2005 ocho informadores mexicanos han perdido la vida en asesinatos relacionados con el ejercicio de su trabajo. Autoridades y medios especulan que la mayoría de estas muertes son responsabilidad del narcotráfico y el crimen organizado.
El pasado 24 de mayo, el Gobierno de la República condenó la desaparición y asesinato de periodistas y aseguró que se trabaja para poner fin a esta grave situación, pues con cada comunicador asesinado por ejercer sus derechos muere también una parte de la democracia, afirmó el presidente Vicente Fox.
De acuerdo a la numeralia de Reporteros Sin Fronteras, seis de los homicidios de comunicadores y alrededor de una docena de agresiones se han llevado a cabo en los estados fronterizos con Estados Unidos.
En este sentido, Balbina Flores Martínez, corresponsal en México e integrante de la Red de Periodistas de RSF, habló de una posible colombianización de la frontera norte del país.
En contraparte, el senador panista Javier Corral Jurado descartó que la situación de la zona fronteriza se esté aproximando a la de Colombia, y argumentó: “Esto supondría un desconocimiento de nuestra propia frontera y de Colombia misma, ya que los niveles de actuación de las fuerzas ilegales en aquel país llegaron a los primeros niveles de las estructuras del Estado, y no es el caso de México”.
Para Flores Martínez, uno de los responsables indirectos de este pro-blema es el Gobierno federal, por no mantener bajo control al narcotráfico y la relación extraoficial que éste podría mantener con algunos gobiernos locales.
De acuerdo con Darío Fritz, coautor del libro Con la muerte en el bolsillo -ganador junto con María Idalia García del premio Planeta de Periodismo 2005-, la amenaza del narcotráfico al trabajo de periodistas se ha convertido en una constante en el norte del país, aunque consideró que no todos los atentados a informadores tienen relación con el crimen organizado.
Entre los casos que sí apuntan al narco, Fritz se refirió al de Alfredo Jiménez Mota, periodista de El Imparcial, en Hermosillo, Sonora, desaparecido desde el 2 de abril, y al de Guadalupe García Escamilla, reportera en Nuevo Laredo de Stereo 91, quien falleció después de haber sido acribillada a balazos. Ambos tenían una línea de investigación relacionada con el narco.
Sin embargo, dijo, en la muerte del director del periódico La Opinión, de Veracruz, Raúl Gibb, la indagatoria se relaciona con la extorsión.
Autocensura y desunión
Para controlar la labor periodística, el crimen organizado recurre a diversas prácticas de “convencimiento”: primero advierte, después amenaza y luego busca comprar la conciencia del individuo. Si estas tácticas no funcionan, se elimina al sujeto, explicó el autor del libro.
El senador Corral Jurado apunto: “Habría que decir con toda claridad que si algún compromiso firme, claro, irrestricto e, incluso, ilimitado ha mantenido el Gobierno del presidente Vicente Fox, es el de la libertad de expresión.
“Como nunca -prosiguió el panista-, los periodistas en México pueden decir casi todo, y digo casi todo porque algunos todavía tienen problemas de autocensura, misma que les imprime su propia empresa periodística”.
El argentino Darío Fritz coincidió con el legislador en que la autocensura sí se ejerce en muchos medios informativos. Además, apuntó que “el periodismo en México gremialmente es muy desorganizado, no hay unión entre los profesionales.
“La muerte de los periodistas debería de ser un escándalo en todo el país, y no lo ha sido. Una reacción así presionaría a las autoridades, tendrían que intervenir en el asunto del narcotráfico, sobre todo en los estados vulnerables a este problema, y en el esclarecimiento de los casos”, añadió Fritz.
El periodista y escritor reconoció que sí se ha detenido y acorralado a los grandes personajes del narcotráfico “y a los capitos”, pero el problema sigue reproduciéndose por debajo de esta estructura, lo que evita controlarlo y, no se diga, eliminarlo.
Movilizaciones, la amenaza
Balbina Flores Martínez, miembro de Reporteros Sin Fronteras, recordó que con la muerte en 2004 de Roberto Mora García, director del diario El Mañana, de Nuevo Laredo, el presidente Fox se comprometió públicamente a aplicar todo el peso de la ley ante este hecho, lo que aún, acusó, sigue en espera.
“De no verse respuesta en la protección a periodistas y a su trabajo, se planea recurrir a instancias internacionales para presionar. Está comprobado que los mítines impactan a las masas y, por ende, al factor económico”, apuntó la integrante de la Red de Periodistas.
Para Javier Corral, una de las actividades que siempre ha requerido de la solidaridad internacional es el ejercicio de los medios de comunicación: “Debemos mantener informada a la opinión pública internacional sobre lo que sucede en nuestro país”.
El Senador se manifestó convencido de que para resolver este problema todavía “hay instancias en México a las que podemos y debemos agotar para llamar su atención, y que están abiertas a la opinión y a la conciencia de este hecho.
Iniciativas que no se aprueban
Para quien se pregunte de qué sirve que haya leyes si los reporteros siguen muriendo en su labor, la respuesta es simple, señaló Javier Corral: “Éstas son fundamentales, independientemente de que se reconoce la necesidad de cambios, como el de la estructura del Ministerio Público (MP) para que los jueces actúen con todo rigor, valor, decisión y sin complejos en la persecución de estos delitos”.
Recordó que ya se cumplió un año de que el Presidente de la República envió al Senado un conjunto de iniciativas de reforma al sistema de seguridad pública, de justicia penal y a la Constitución Política para transformar la administración y procuración de justicia en México.
Con ello se contribuiría a cerrar el paso a la impunidad y asegurar la independencia del MP sobre criterios estrictamente políticos. Sin embargo, aún no hay respuesta por parte de la Cámara alta, indicó el Senador.
Referente al trabajo legislativo en pro del ejercicio periodístico, la diputada por el IV Distrito de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Norma Patricia Saucedo Moreno, presentó a la Comisión Permanente la iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 6º y 7º de la Constitución federal, con el fin de actualizar y fortalecer el derecho a la libertad de expresión.
La legisladora explicó a La Nación que el Grupo Parlamentario del PAN, a través de la diputada Ruth Hernández Martínez, en el mes de abril presentó otra iniciativa de ley que propone una adición al Artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para establecer dentro del catálogo de atribuciones que los delitos cometidos en contra de periodistas para interferir o limitar su ejercicio profesional pasen al fuero federal.
Finalmente, “estamos ciertos de la necesidad de desentrañar los niveles de complicidad que hoy existen entre muchas estructuras estatales de poder y el narcotráfico, pues es éste el que, además de todos los problemas sociales que genera, es un poder fáctico en contra de los periodistas”, reconoció Javier Corral Jurado.