Con más de millón y medio de habitantes, la mayoría de ellos emigrados de otros estados del país en los últimos 30 años, la ciudad ha crecido tan deprisa que ha rebasado cualquier respuesta de gobierno.
En la sala de espera del albergue Casa YMCA de Menores Migrantes, un adolescente aguarda para ser devuelto a su lugar de origen. Él ha tenido suerte. Fue fácil encontrar a su familia en un poblado de Oaxaca y ese mismo día partirá.
“Muchas veces las cosas no resultan así”, dice Leticia López Manzano, la directora del albergue. “La suerte que corren cientos de niños que son repatriados por las autoridades de los Estados Unidos, a donde van en ocasiones en busca de sus padres, regularmente es muy distinta”.
López Manzano dirige el único albergue que atiende a menores repatriados en gran parte de la frontera mexicana. Su desaliento no sólo se explica en la enorme carencia de este tipo de centros, sino en la cifra abrumadora de niños y adolescentes que diariamente son deportados al país.
Y en ese sentido, las estadísticas son en verdad preocupantes. El año pasado 600 menores hicieron una antesala dolorosa tan sólo en el albergue de López Manzano, antes de que se encontrara a algún familiar cercano para proceder a su entrega.
Pero si bien los niños repatriados son un número abultado, la cantidad de menores que pueblan los 28 albergues de Ciudad Juárez son otro foco de alerta.
En el albergue Casa de la Esperanza, en el centro de la ciudad, 45 niños y adolescentes mantienen ocupados a los trabajadores sociales. Se trata de menores cuyas vidas son un compendio de los peores males de la frontera.
“Son niños de familias desintegradas, en donde o la madre es soltera, o el padre fue abandonado por la mujer, y le dejó a los hijos” dice Irma Molina, la encargada del albergue.
Con más de millón y medio de habitantes, la mayoría de ellos emigrados de otros estados del país en los últimos 30 años, la ciudad ha crecido tan deprisa que ha rebasado cualquier respuesta de su gobierno.
No solamente el atraso puede verse en la infraestructura urbana, sino en la multiplicación de fenómenos sociales. Juárez es una de las tres ciudades mexicanas con mayores consumo de alcohol y drogas como la mariguana y la cocaína, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones. Pero también, el porcentaje de hogares desintegrados es superior a la media nacional, según datos del INEGI.
Tanto los menores repatriados como los que vagan por las calles, o se encuentra viviendo situaciones de violencia familiar, son un conjunto que las autoridades han tratado sin éxito de enfrentar y que, en el mejor de los casos, parecen rebasados.
La manera en cómo se trabaja con todos esos menores es algo que casi siempre han cuestionado especialistas, porque rara vez se han visto resultados más allá de un simple cobijo a los menores.
El que existan 28 albergues, la mayoría de los cuales son operados por organizaciones civiles, es un alivio para el director del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Ernesto Moreno Escobar.
Moreno, un contador público de profesión, tiene bajo sí gran parte de la responsabilidad de diseñar programas que permitan no solamente la alimentación y alojamiento temporal de menores desprotegidos, sino que le devuelvan un poco de dignidad.
Sin embargo, el ejercicio de nuevas administraciones públicas indica más que nada fragmentaciones y discontinuidades que contradicen el discurso público.
A principios de enero, el único albergue operado por el DIF para la atención de menores en situación extraordinaria, el Camef, fue cerrado debido a una serie de problemas que se supone debían estar desterradas de los recintos oficiales.
Las versiones de embarazos entre adolescentes albergadas han sido constantes desde que el personal capacitado fue sustituido por agentes de la policía municipal en los turnos que eran más críticos, como el de noche.
“Estaban todos (los menores) revueltos: repatriados cuyos procesos de transferencia se encontraban rezagados; niñas prostitutas, niños y adolescentes de la calle…”, dice el director del DIF, como una justificación al cierre del centro.
A la fecha, existen alrededor de mil 200 menores que viven los 28 albergues, pero la necesidad que enfrenta la ciudad en cuanto a lugares especializados en la atención a niños rebasa la capacidad de todos.
Y el fenómeno está lejos de terminar.
Irma Molina, la directora del albergue Casa de la Esperanza, dice que el número de niños abandonados, mal atendidos y huérfanos, va en crecimiento. Y una de las causas, sostiene, es la migración.
“Los padres creen que en la ciudad van a encontrar trabajo bien pagado, un lugar para vivir, pero al final se encuentran con el desempleo, las drogas, el alcoholismo, la violencia que los envuelve por la falta de valores. Y los niños son los principales perjudicados”
Lo mismo piensa Ángel Cajiga, presidente del consejo directivo de albergues de la sociedad civil en este municipio. “La existencia de albergues para niños y adolescentes es la consecuencia de toda la problemática que vive la zona fronteriza, llena de narcotráfico, drogas, alcohol, etcétera”.
Cajiga ha trabajado durante 12 años con menores, exclusivamente varones, y conoce bien el problema, él mismo vivió la experiencia de la separación de sus padres y paso gran parte de su infancia en la calle.
El albergue Nuevo Camino, ubicado en la colonia Villa Esperanza, se ha convertido en el hogar de 18 jóvenes. “Nuestra misión es fomentar la integración familiar, por eso trabajamos en conjunto con la familia, pues ninguno de ellos es huérfano. Aquí no ha pasado un desastre natural, ni una guerra, todos tienen algún familiar cercano”
Para el coordinador de los albergues, es importante trabajar en conjunto con el municipio, por eso se han unido todos los albergues certificados para subsanar y trabajar a favor del menor fronterizo.
La cifra de menores en condiciones extraordinarias, va en aumento. Se refleja, sin duda, en el número de albergues. Cajiga recuerda que hace 12 años tan solo existían 7. Fue entonces, que se creo la mesa directiva, con la intención de se aplicarán regulaciones en las actividades y no se convirtiera en un negocio para quienes los abrían.
En lo que va del año, Casa YMCA ha recibido 35 menores a manos de las autoridades del Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos.
“Se trata de jovencitos que van a buscar familiares en los Estados Unidos, pero que los detiene la Patrulla Fronteriza y que llegan a la ciudad en una situación muy vulnerable, les roban su pocas pertenencias, los engañan”, dice la directora, Leticia López Manzano.
La tarea del centro que dirige es en verdad titánica. Sin el auxilio de los gobiernos locales, ellos han sido capaces de regresar a sus hogares, al sur del país, a más de 6 mil niños en una década.
Se trata de una cifra menor dentro del panorama real de niños sin hogar y de niños repatriados. Un fenómeno que, al final, a muy pocos parece importarles.