México genera 8 millones de toneladas de basura tóxica cada año y sólo una cuarta parte de ella se deposita en sitios especiales. El resto simplemente se tira o se incinera en forma deliberada.
El país vive una encrucijada. Los ecologistas se oponen a la creación de la infraestructura necesaria, mientras que los industriales buscan lo contrario. Como sea, el Estado ha sido rebasado desde siempre por el problema y no parece reaccionar para revertir el atraso de medio siglo que se tiene en materia de confinamientos.
Manuel González ha hecho alto en la cima de una pequeña cuesta para recoger del suelo algunos cables que sus ojos acostumbrados al escrutinio han descubierto entre la basura y la yerba humedecida. Con el gesto de un arqueólogo sacude el barro que los envuelve y los deposita suavemente entre un cerro de desechos electrónicos que carga en un destartalado carro de madera.
El ropavejero ha empujado por años el mismo vehículo para terminar el día prendiendo fuego a las piezas recolectadas con el fin de extraer algo de cobre. Se trata de un ejercicio simple de sobrevivencia y al mismo tiempo de una paradoja: al hacerlo no sólo se envenena, sino que provoca un daño ambiental en torno suyo.
Pero un carro de dimensiones infinitamente mayores y cargas igualmente nocivas ha empujado el país durante años, sin que tampoco exista una forma civilizada y segura de manejar los residuos dejados por el desarrollo de su industria y de la sociedad entera. Al final, el resultado ha sido el mismo que deja el primitivo proceso empleado por González para su sobrevivencia: el envenenamiento del ecosistema.
La forma en que fue acumulándose la basura tóxica es algo que puede explicarse con relativa facilidad, según algunos investigadores.
Los industriales y comerciantes dispusieron de sus residuos como mejor les convino, hasta que en 1988 el gobierno promulgó una legislación en materia ecológica. Sin embargo, la inercia crecida durante los años previos mantiene una actitud irresponsable en el manejo de la basura industrial, lo que a su vez ha generado la multiplicación de tiraderos clandestinos.
Asomarse al carro de los desechos permite conjeturar sobre el peligro y gravedad de la contaminación de baja escala que tiene México: en baldíos, arroyos, la red del drenaje, el desierto, los bosques, ríos y selvas igual pueden encontrarse miles de llantas que toneladas de aceites, plásticos, residuos orgánicos y material quirúrgico. Un universo de material tóxico que las autoridades no logran dimensionar con precisión todavía.
Eso tiene un porqué. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no responde a las necesidades del país, pues es absurda, ambigua y poco clara, según un análisis difundido por la cúpula empresarial mexicana, lo que mantiene al país con un atraso de infraestructura para el manejo, reciclaje y confinamiento de residuos de al menos 50 años.
Con la idea de revertir ese orden ha comenzado a trabajarse, aunque la estrategia de las autoridades no parece coincidir con el planteamiento de los grandes industriales. El gobierno federal pretende incentivar la creación de infraestructura, mientras que los empresarios desean, además, cambios sustanciales en las leyes ambientales que son influidas, dicen, por una especie de paranoia social.
El mismo miedo popular que ha rechazado cualquier intención por abrir centros de reciclaje y de destino final para residuos industriales existe en todo el país. Persuadir a una sociedad que tiene referencias suficientes para negarse a cualquier propuesta de confinamiento, así sea de baja peligrosidad, es por lo tanto muy difícil.
“Los confinamientos son una necesidad porque no existe una tecnología en este momento que nos permita destruir, como eventualmente creo que ocurrirá a un grado completo, los residuos que generamos”, dice Fernando Gutiérrez Moreno, el director general del Instituto para la protección ambiental de Nuevo León. “Y mientras disponemos de esa tecnología necesitamos de un manejo responsable de nuestros desperdicios. La responsabilidad implica tener varios confinamientos en el país, primero por el ahorro y la reducción de riesgos de traslado que eso implica, y segundo porque se haría más visible la clandestinidad o ilegalidad de los tiraderos que actualmente inundan el país”.
Gutiérrez ha sido un incansable promotor no sólo de la apertura de nuevos confinamientos, sino del trato y reciclaje que reduzca la generación de basura peligrosa. Durante años ha sido el hombre importante en el IPA, hasta hoy el único organismo creado con capital privado para la asesoría en materia ecológica que se da a industriales mexicanos.
Abrir un confinamiento requiere de investigaciones que lleven al cumplimiento de las complejas normas ambientales mexicanas, y alentar inversiones para el aprovechamiento y reciclaje de los residuos necesita también de costosos estudios de mercado y factibilidad que de momento no se tienen.
Esa es precisamente la encrucijada: o se trabaja de inmediato para dotar de infraestructura al país, en donde se generan anualmente unas 8 millones toneladas de desecho peligroso, o se continúa con el desorden ambiental de siempre con los crecientes riesgos que ello entraña.
País enfermo
Una tarde de verano Israel Mendoza, el encargado de un embarcadero en las proximidades del río Coatzacoalcos, caminó entre una brisa cargada de olores impredecibles señalando las turbias aguas que chocaban con las olas. Eran los pasos que daba por una vasta extensión que fue aniquilada por las descargas de petróleo sobre uno de los cauces de agua dulce más importantes del sur del país.
Por décadas, no sólo los habitantes de esa región de Veracruz sino una mayoría de ciudades industrializadas han visto en las empresas la fuente principal de contaminación. Y aunque la percepción no es gratuita, el estigma puede ser a estas alturas exagerado, según algunos consultores ambientales.
“El círculo se ha ido cerrando, así que ahora es sumamente difícil que una empresa continúe con un manejo irresponsable de sus residuos como muy probablemente sucedió hace 10 ó 15 años”, dice refiriéndose a otra industria, la maquiladora, René Franco Barreno, un respetado consultor ambiental en el norte de México que fue director de desarrollo de proyectos en la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef).
En este caso, la idea contraria, una creencia popular que se impone a cualquier explicación, es algo que el sector de la maquila ha tomado muy en cuenta para decidir que sus desechos sigan enviándose a Estados Unidos, aún y cuando un cambio en las leyes internacionales de México convirtió en “desecho nacional” sus desperdicios a partir del 2001.
De hecho, esa posición hace poco probable, más allá de una segura oposición social, la inversión en un gran proyecto de tratamiento, reciclaje y confinamiento de residuos industriales.
De acuerdo con una normatividad mexicana, hecha pública por el Diario Oficial de la Federación el 14 de noviembre de 1998, la figura fiscal conocida como “importación temporal” desapareció en 2001. Eso quiere decir que la industria maquiladora, desarrollada bajo ese régimen, se convirtió en industria nacional y en consecuencia su producción y residuos adquirirán el mismo estatus.
Sin embargo, las grandes transnacionales como la Ford, Chrysler o General Motors mantienen contratos millonarios para el manejo de sus residuos con empresas norteamericanas, algo que difícilmente romperán a pesar de la normatividad.
La pobre infraestructura y el atraso legislativo en materia ambiental con que cuenta el país son clave en el escepticismo y la resistencia de la maquiladora. Tan sólo el estado de Texas, en donde se encuentran la mayor parte de las empresas contratadas por ese sector para el manejo o confinamiento de los residuos, cuenta con una capacidad superior a la de todo México.
También existen otros factores, como la clasificación de material peligroso que tienen uno y otro país, que hacen mucho más atractivo mantener los contratos en Estados Unidos, a pesar de que en unos cuantos meses se tendrán que exportar como cualquier producto nacional.
El aceite, por ejemplo, es un material y desecho peligroso en México y en Estados Unidos no. Como ese, existen una serie de productos empleados en los procesos de producción que harían más lento y caro su manejo en un país que, además, parece no estar en condiciones de garantizar un control igualmente seguro de los residuos, un aspecto fundamental en los razonamientos de los industriales norteamericanos.
Llegar a ese nivel se presenta como una tarea difícil, pues los expertos y algunos industriales hablan de que un confinamiento es lo último en lo que debe pensarse. Primero, dicen, hay que dotar de tecnología a las industrias para que reduzcan la generación de residuos, posteriormente habría que reciclar esos residuos y por último darles un tratamiento antes de llevarlos a un confinamiento controlado.
“El que los residuos peligrosos se consideren como un bien, debilita cualquier esfuerzo por minimizarlos e impulsar el desarrollo de tecnologías limpias”, dice Cecilia Navarro, la vocera de Greenpeace México. “La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos promueve el reciclaje y la incineración como mecanismo de protección ambiental, en lugar de establecer estrategias en las fuentes de generación y la promoción del uso de tecnologías más limpias para prevenir la contaminación, reducir y minimizar los residuos”.
Desechos al aire
La capacidad instalada para el manejo y disposición de residuos industriales peligrosos que tiene México es muy limitada.
Algunos datos manejados por el Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (Cespedes), indican que sólo el 26 por ciento de las 8 millones de toneladas de residuos que se calcula son generadas anualmente por la industria, se trata o se confina debidamente.
“El resto se acumula en sus instalaciones o se dispone empleando procedimientos y prácticas inadecuadas de gran impacto ambiental. Sus consecuencias incluyen el deterioro a la salud, la contaminación de recursos hídricos, y la afectación de cadenas tróficas a través de procesos de bioacumulación”, precisa un estudio del organismo.
Los empresarios nacionales creen que la demanda de una mayor infraestructura no nada más es necesaria, sino obligada. Y parecen tener suficientes motivos para reclamar del gobierno una mayor disposición, sobre todo para las modificaciones a las leyes y normas ambientales.
La industria manufacturera contribuye con poco más del 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y el 80 por ciento del total de las exportaciones.
Pero existe una gran desproporción de tecnología e ingresos entre las grandes firmas y la pequeña, micro y mediana empresa. Dentro de la industria manufacturera el 90.83 por ciento son microindustrias, que en conjunto generan apenas el 8 por ciento del PIB con que contribuye la industria nacional. Y eso marca también la diferencia en el manejo y confinamiento de los residuos tóxicos.
A su vez, la industria maquiladora, 60 por ciento de la cual se ubica en la franja fronteriza, mantuvo un crecimiento en sus niveles de manufactura de 1995 al 2000 y registró, hasta hace poco, una tasa de empleo del 14 por ciento anual. Contribuyó con el 1.5 por ciento del PIB aportado por el sector industrial, según el INEGI.
El Instituto Nacional de Ecología (INE) establece que de los 8 millones de toneladas de residuos peligrosos, el 45 por ciento son aceites y grasas, conjuntamente con los solventes.
La distribución geográfica de los residuos industriales peligrosos presenta el siguiente panorama, según datos de la Asociación Mexicana para el Control de los Residuos Sólidos y Peligrosos: la región centro aporta el 61 por ciento del total, seguida de la región norte con el 20 por ciento y la región del golfo con el 15 por ciento.
En contraparte, México cuenta con la siguiente infraestructura: dos confinamientos públicos, dos privados, cinco centros de incineración, 11 de reciclaje de materiales, 15 para reciclar aceites, 20 de reciclaje de solventes, seis de reuso energético, 16 de tratamiento in situ y cinco de reciclaje y formulación de combustibles alternos, con una capacidad total de manejo de dos millones de toneladas al año.
El déficit en materia de confinamientos y disposición final de desechos es del 74 por ciento. Pero el problema es mayúsculo: casi seis millones de toneladas de residuos se suman cada año a la monumental acumulación de desechos dispersos en las principales ciudades del país.
Una larga cadena de basureros clandestinos esparcidos a capricho por todo el territorio nacional habla con crudeza de las graves limitaciones que padece México en cuestiones ambientales.
Sin embargo, lo que impide un manejo más amplio de los residuos peligrosos, dicen los empresarios, es el miedo social que nace de la desinformación, la normatividad incompleta que se ha tenido en materia ecológica y el bajo control de calidad ambiental en la micro, pequeña y mediana industria.
El problema con la micro y pequeña industria es que carecen de tecnología y capital para atender las normas oficiales en materia ambiental. Cuando la autoridad ha tratado de intervenir, los procesos de producción “se dispersan en unidades domésticas más pequeñas, perdiéndose toda posibilidad de control sobre ellos”, señala un perfil sobre ese sector elaborado por el Cespedes.
La alarma es mayor todavía cuando se ha visto que las actividades artesanales están cambiando sus procesos tradicionales de producción: ahora decapan metales con ácidos en vez de pulirlos a mano, emplean disolventes en vez de agua y jabón y queman sustancias tóxicas sin control alguno, como llantas y plásticos, en la elaboración y extracción de sus piezas.
El proceso parece no tener solución inmediata, pues la totalidad de esa clase industrial no tiene acceso a créditos blandos con la banca.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que data de 1988, ha sufrido pocas modificaciones desde entonces. Aún así, su contenido incluye normas que no se cumplen y está fuera de un contexto real y práctico, dicen los industriales.
“En México todavía se encuentran normas cuyo sentido apunta más bien a una sobreacción paranoica hacia los residuos y sus efectos nocivos potenciales, y no toman en consideración que éstos son parte de una cadena productiva a la que deben añadirse elementos de control y eficiencia”, señalan.
Los empresarios creen que en ese sentido la norma que refiere la construcción de confinamientos tiene requisitos exagerados.
“En su contenido está implícito un temor irracional. Establece una serie de condicionantes exageradas en aspectos geohidrológicos, climáticos, sísmicos, y de separación a centros de población, instalaciones o ecosistemas”, dice otro estudio incluido en una publicación conjunta con la Asociación Mexicana para el Control de los Residuos Sólidos y Peligrosos y el Colegio de Ingenieros Civiles de México.
Esos razonamientos son, para muchos expertos, totalmente válidos.
“La gente está acostumbrada a ver los confinamientos como un riesgo, cuando en realidad representan la posibilidad de minimizar el riesgo”, dice Fernando Gutiérrez Moreno, el director del IPA. “El ejemplo clásico sería el siguiente: si tenemos veneno en un frasco cerrado sobre una mesa, es preferible que tenerlo regado sobre la mesa. Aunque lo ideal sería no utilizar veneno”.
La ley clasifica como residuos peligrosos a todos aquellos que están en “cualquier estado físico, que por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológico-infecciosas, representan un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente”.
A su vez, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente cataloga genéricamente tales residuos bajo la denominación de “Creti”, es decir, todo aquel material de desecho que pueda ser considerado como “corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico o inflamable”.
Justo la basura que, dicen las autoridades, se encuentra esparcida por las ciudades y sus alrededores.
Peligro en casa
La cantidad de basura tóxica regada por el país es un dato imposible de calcular, dice Cecilia Navarro, la vocera de Greenpeace.
Pero en cada colonia o pueblo existe al menos un lote o centro de acopio informal, y miles de personas viven del traslado, la incineración y reciclaje del residuo.
“Hay una satanización que impide llegar a una solución, que si bien no es una solución definitiva, es mucho peor tener los residuos por todas partes. Eso hace un daño mucho mayor. Por eso insisto en que los confinamientos debidamente construidos, son lo mejor que se tiene de momento”, insiste Gutiérrez.
El razonamiento, válido hasta cierto punto, no es sin embargo suficiente para que la comunidad acceda a las peticiones de la autoridad, dice Félix Pérez, dirigente de la Alianza Ecologista del Bravo.
“Ese es un argumento mañoso”, señala. “En realidad a los industriales y a las autoridades no les interesa la salud ni el bienestar del medio ambiente, es simplemente que buscan evitar sanciones y facilitar un problema que se presenta con los desechos generados por la misma industria”.
Pérez fue uno de los principales activistas mexicanos que intervino en el movimiento social que echó por tierra los planes de construir el depósito nuclear de Sierra Blanca, hace siete años. Y ahora no está dispuesto a ceder tan fácilmente a un nuevo intento por abrir un confinamiento, esta vez en suelo mexicano.
“México tiene una gran fragilidad en materia legislativa-ambiental, y aún así parece que hay una gran manipulación de autoridades y algunos académicos para que apoyen cualquier proyecto para confinar residuos industriales”.
La actitud de ecologistas como Pérez ha sido fuertemente criticada por las autoridades, pues la consideran irresponsable y carente de fundamentos.
“Todos esos grupos toman como ejemplo a Sierra Blanca para generar un miedo social”, dice René Franco Barreno.
Tanto Franco como otros investigadores creen que detrás de las acciones de los grupos ecologistas en realidad existen intereses particulares, aunque no los identifican a plenitud.
Lo cierto es que el país vive bajo amenaza permanente con la operación de industrias de alto riesgo, el tráfico de tanques con gas, explosivos, flamables, tóxicos y materiales infectocontagiosos, además de la basura acumulada a cielo abierto y la falta de supervisión en que operan individuos y pequeñas industrias cuando manejan material peligroso.
Los industriales de Chihuahua, Sonora y Baja California, por ejemplo, utilizan diariamente las carreteras del estado para enviar sus residuos al municipio de Mina, en Nuevo León, donde existe el único confinamiento autorizado del país. Al hacerlo, la posibilidad de un accidente es grande, pero aún así ningún municipio cuenta con capacidad para enfrentar una contingencia.
Ese es el atraso que se tiene, y es en lo que debió pensarse antes de establecer acuerdos con Estados Unidos y Canadá, dice Pérez.