Aunque la fórmula matemática nos indica que las sumas dan resultados positivos, cuando se habla de los procesos electorales en México se concluye que no siempre es así. Las variables económicas, sociales y sobre todo políticas condicionan la participación ciudadana, pese al incremento constante en el financiamiento para partidos políticos y a los altos topes de gastos de campañas.
La Nación se dio a la tarea de consultar especialistas, documentos e investigaciones sobre el tema, legisladores y ex consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) para analizar la relación entre el monto de los recursos destinados a las elecciones y sus resultados.
A sabiendas de que la democracia nunca puede llegar a ser un logro estático -según palabras de Huberth Gehring, representante de la Fundación Konrad Adenauer en México- y de que uno de sus instrumentos, las elecciones, son objeto de perfeccionamiento, nuestras fuentes concluyen que es necesaria una constante legislación sobre los procesos electorales y el transparente funcionamiento de los partidos políticos.
Daniel Zovatto en su estudio Lectura regional comparada del financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales en América Latina, cita a Delia Ferreira Rubio para plantear que: “No es éste solamente un tema de normas sino también de conductas y, en consecuencia, la contribución positiva del legislador pasa por crear los incentivos adecuados para encauzar las relaciones entre dinero y política”.
Lo anterior en el contexto de una ciudadanía cada vez más crítica que cuestiona el desmesurado aumento en el costo de las elecciones, cuyos resultados, en algunos casos, son inconsistentes.
Problema estructural
Alonso Lujambio Irizabal, ex consejero del IFE y actual comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), planteó a La Nación que en un sistema con división de poderes como el de México se genera una cierta perversión en la fase de la competencia por el poder.
Ejemplificó con la aspiración de gobernadores y ex gobernadores a ser candidatos a la Presidencia de la República -“típico de los sistemas presidencia-listas federales como Estados Unidos, Argentina y Brasil”. Éstos se convierten en candidatos naturales, pero requieren montos importantes para hacerse conocer en el conjunto de la República, además de que los líderes de los partidos no coinciden con los liderazgos parlamentarios, de tal manera que se desperdicia una identificación de la gente con los políticos.
El politólogo resumió que es un problema estructural; no es simplemente un asunto de costos y de campañas sino de la naturaleza del propio sistema constitucional, sobre todo si se considera que hacer elecciones implica costos de organización, fiscalización, control y administración de justicia.
Consultado por este medio, Juan Molinar Horcasitas, también ex consejero del IFE, consideró que no hay una relación directa y clara entre el costo y la confiabilidad de las elecciones, “mi intuición me llevaría a decir que en todo caso sería quizá inversa, si es que hubiera una relación”.
En su visión como diputado federal, Molinar adelantó que será difícil lograr un consenso para reformar la Ley Electoral respecto a la disminución de los topes de campaña y sus tiempos, pues hay posiciones muy encontradas.
Las reformas que se den en la presente Legislatura serán mínimas, pero algunas de ellas pueden ser importantes en materia financiera, particularmente dándole mayor fortaleza a la capacidad de fiscalización del IFE, anticipó.
Otro aspecto que encarecerá los procesos electorales en México, a partir de las elecciones federales del 2006, es el voto de los mexicanos en el extranjero, “razón de más para ser más frugales en el ejercicio del gasto”, reiteró Juan Molinar.
TV, su responsabilidad
Entrevistados e investigaciones a las que tuvo acceso La Nación coinciden en que los medios de comunicación han encarecido los comicios, por el costo de la propaganda política en radio y televisión, calificado en esta última como exorbitante, ya que consume la mayor parte de los recursos -60%- de los partidos políticos en campaña y fuera de ella.
En el estudio arriba citado, de Daniel Zovatto, se detalla que hay una tendencia al aumento del gasto de las campañas, debido a los siguientes factores:
a) Crecimiento de la sociedad y la necesidad de los partidos políticos de llevar su mensaje a millones de votantes, lo que les obliga a invertir grandes sumas de dinero en los medios de comunicación electrónicos.
b) Al aumento en la región (América Latina) de la cantidad de televisores entre los habitantes de cada país. Según el Informe de Desarrollo Humano de 1997, había 200 televisores por cada mil personas. En 2000, el Banco Mundial registró 255 por cada mil habitantes.
Este crecimiento ha convertido a la televisión en el medio ideal para transmitir los mensajes políticos, sobre todo en las campañas presidenciales.
Zovatto refiere que este modo de hacer campaña se asemeja cada vez más al norteamericano, donde la mercadotecnia electoral, los sondeos, los asesores de imagen y especialistas en producción se convierten en factores decisivos para llegar a los electores.
“Los medios electrónicos, en especial la televisión, son la causa principal -en la época actual de la videocracia y del homo videns- por la que los partidos necesitan grandes sumas de dinero para llevar a cabo sus campañas electorales, especialmente las presidenciales”, sentenció el investigador.
La reforma electoral de 1996 en México, para mejorar las condiciones de equidad en la contienda, estableció que independientemente de los 15 minutos mensuales de que dispone cada partido político de manera permanente, durante los periodos electorales se distribuyeran en un 30% de forma igualitaria y en un 70% en forma proporcional a su fuerza electoral.
Los tiempos adicionales no sólo comprenden la asignación de hasta 250 horas de transmisión en radio y 200 en televisión, en el proceso electoral en que se elija al Presidente (y que se reduce a la mitad en elecciones estrictamente legislativas), sino también la adquisición mensual por parte del IFE de hasta 10 mil espacios promocionales en radio y 400 en televisión, con una duración de 20 segundos cada uno.
Para consultar esta información se puede acudir a la página electrónica de la organización ACE, investigaciones sobre los procesos electorales en el mundo: www.aceproject.org
En este contexto, los sistemas de control y fiscalización de gastos de campaña se convierten en el talón de Aquiles de los procesos electorales, coinciden los especialistas.
Incluso, los lapsos de precampaña también han sido cuestionados por la ciudadanía debido a los tiempos que destinan en radio y televisión, pero sobre todo por sus costos.
Por ello, el pasado 9 de junio el IFE anunció que a partir de los presentes procesos internos para elegir a candidatos a la Presidencia de la República para el periodo 2006-2012, hará valer sus facultades para fiscalizarlos de manera oportuna.
Solicitará a los partidos informes detallados sobre los ingresos y gastos de cada uno de sus aspirantes a la candidatura presidencial, una vez que éstos soliciten oficialmente el registro como precandidatos.
Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del IFE, admitió en conferencia de prensa el pasado 9 de junio que fuera de esos lapsos oficiales no se podrá obligar a los contendientes a presentar informes financieros, es decir, de las pre-precampañas, que notoriamente se iniciaron desde hace varios meses en casi todos los partidos.
A decir de los consejeros del Instituto, el anuncio constituye un avance importante, porque el trabajo de fisca-lización se acompañará con monitoreos que permitirán contrastar la información entregada por los partidos. Esto es que al menos un año antes de la elección, el IFE hará monitoreos de los rubros más importantes del gasto de la actividad político-electoral.
Y para ello, señaló en una editorial el senador del PAN Federico Ling Altamirano, el Instituto necesitará tener olfato de lobo y mirada de águila, ya que así como se publicarán inmediatamente los resultados de la fiscalización también se dará a conocer quiénes no cumplieron de manera voluntaria con la entrega de sus reportes financieros.
Abstencionismo
Por lo que respecta al ámbito social, el ex consejero presidente del IFE, José Woldenberg, señaló en un foro organizado por la Fundación Rafael Preciado Hernández, del PAN, que: “Tenemos ciudadanos incompletos, que ejercen sus derechos con baja intensidad y muchos de ellos incluso se encuentran excluidos del ejercicio de derechos básicos”.
Woldenberg se refirió al más reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en cuya encuesta se “muestra una tensión entre la opción por el desarrollo económico y la democracia”, ya que buena parte de los latinoamericanos valoran al primero por encima de la segunda.
El estudio del comportamiento de la abstención en México (elecciones federales de 1982 a 1997), indica que en 1991 el padrón ascendía a 39.6 millones de electores, el porcentaje de participación fue de 60.29 y el de abstención de 39.71.
El proceso de 1994 registró el más bajo nivel de abstencionismo de los últimos 15 años, apenas un 24.15% de un padrón de 45.7 millones: votaron 34.6 millones, lo que significó una participación de 75.85%.
En contraste, para las elecciones de 1997, “cuando se tenía un IFE completamente ciudadanizado”, el nivel de participación en las urnas tuvo un retroceso. De un padrón de 52.9 millones votaron sólo 30.5, lo que dio un índice de abstención de 42.33%.
Esto hace ver que aunque pudo darse un aumento de la credibilidad en el sistema electoral, sobre todo en sus autoridades con la consolidación del IFE, no tuvo impacto positivo en la tasa de participación.
Según la investigación, variables como el nivel escolar, la ocupación e ingreso de los votantes y la oferta política, son los elementos que influyen en el nivel de participación-abstención de la ciudadanía.
“Se encontró que a mayor escolaridad menor abstencionismo, y viceversa… Distritos con mayor población que trabaja por cuenta propia son más abstencionistas, y con mayor población que recibe de dos a cinco salarios mínimos son menos abstencionistas”.
Sin embargo, la investigación concluyó en uno de sus apartados que el aumento del abstencionismo en las elecciones de 1997 se debió en parte a la baja oferta política, que no logró atraer el interés de los electores.
Iniciativas y propuestas
La agenda jurídico política del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) plantea en su apartado IV sobre la reforma electoral, en primer término, reducir el monto del financiamiento público a los partidos políticos: en un 50% sobre los recursos para procesos electorales intermedios, cuando sean para renovar sólo la Cámara de Diputados. Para la campaña presidencial en un 25%.
Asimismo, reducir el tiempo de las campañas electorales con el fin de hacerlas más austeras, atractivas y fáciles de fiscalizar.
En un cuarto inciso de la iniciativa panista, se propone darle al IFE la facultad exclusiva para contratar espacios en radio y televisión con miras a las campañas electorales.
Que sea obligatorio reintegrar al Estado los bienes adquiridos con financiamiento público cuando un partido político pierda el registro, y el establecimiento de nuevos delitos electorales.
El GPPAN también propone una distribución más equitativa del financiamiento público anual para las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos nacionales, distribuyendo un 20% en forma igualitaria y un 80% de acuerdo a su fuerza electoral.
Otro punto importante es la propuesta de establecer una misma fecha para las elecciones locales y las federales, a efecto de “evitar una carga económica del erario público, el fastidio o cansancio del elector con campañas constantes y el desgaste político con procesos recurrentes”, situación que La Nación expuso en sus ediciones 2203 (pags.12-15) y 2206 (pags.22-25).
Propuestas muy similares plantearon otros institutos políticos como Alianza Cívica 2004 y México Posible, cuya concurrencia particularmente es la reducción en los tiempos y gastos de campañas y precampañas.