Si bien la venta de documentos falsos tiene más de 10 años, su demanda no era tan grande. La rigidez con que hoy busca aplicarse la ley ha provocado el crecimiento de una industria criminal que en conjunto con el tráfico humano genera ganancias, dicen algunos, de hasta 10 mil millones de dólares cada año.
Los volantes amarillos que William lleva en su mano izquierda ofrecen una salida de emergencia a mujeres con embarazos de más de 24 semanas. La “Clínica médica para la mujer de hoy” no sólo promueve abortos: la difusión de sus servicios es a la vez un medio eficiente para que éste y muchos otros mexicanos con nombres absurdos, vendan sin riesgo falsos pasaportes de residencia, licencias de conducir y números del Seguro Social de los Estados Unidos.
El hombre de 45 años es un traficante sagaz. Opera en el crucero de la avenida Florence y Pacific boulevard, en la frontera de las ciudades de Huntington Park y Walnut. Si la amenaza de un policía llega de un lado, se desliza al otro y queda fuera de su jurisdicción. Pero además se encuentra en el lugar preciso en el que diariamente abordan autobuses del servicio público miles de inmigrantes indocumentados.
“150 por todo el paquete”, dice mientras señala el volante con su mímica de promotor.
El estudio en el que se toma la fotografía para los documentos se encuentra a la vuelta. Es una toma breve, digital, como las que realiza el Servicio de Inmigración y Naturalización en los aeropuertos y garitas del país. Después se envía por correo electrónico al centro donde se falsifican los documentos, en la misma ciudad de Walnut. La foto es la del solicitante, pero no su nombre. El número del Seguro Social simplemente lo roban de un banco de datos que poseen.
“En una hora nos vemos en el McDonald’s de la Santa Fe”, indica. Es el lugar en donde se intercambia el dinero por los apócrifos.
William nació y vivió hasta hace 12 años en Cuernavaca Morelos. En el lugar preferido de Hernán Cortés y el emperador Maximiliano, el falso repartidor de volantes trabajó en una tienda de abarrotes. Hoy atiende clientes a través de su teléfono celular, cuando se le llama al (323) 919 5851. Le va bien en lo que hace: no pasa día sin que logre la venta de al menos un documento. Y en la misma zona operan tantos William’s como repartidores de propaganda puedan verse.
Es una industria millonaria, dice Rubén Beltrán, el cónsul general de México en Los Ángeles.
“Si nosotros debemos suponer para tener una idea, el Prhispanic Center dicta unas cifras de aproximadamente 10 millones de indocumentados, de los que más o menos 57 por ciento son mexicanos”, dice. “El hecho de que no haya un marco jurídico que les permita documentarse -y no hablamos ni de amnistía ni de ciudadanizarlos, sino de documentarlos- los hace susceptibles de ser adquirentes de documentos falsos para trabajar, para conducir y para vivir”.
El grueso de los compradores de documentos son mexicanos pobres e ignorantes, que obedecen las normas del mercado: para trabajar de lavacoches, por ejemplo, o para ser fichados por alguna agencia de contratación diaria, deben presentar al menos copias fotostáticas de documentos que los identifiquen como residentes o ciudadanos estadounidenses. La mayoría sufre de explotación laboral, pero prefieren el maltrato a la miseria de su tierra natal, donde radica el problema de fondo.
“La migración es el resultado de un fracaso de décadas, de una política de desarrollo que ha sido ineficaz de parte de México”, dice Beltrán. “Esa es una parte: la otra parte es que aquí hay un mercado de trabajo. Si los mexicanos vienen porque necesitan chamba y buscan mejores sueldos, lo que queda es hacer una ecuación, que lo único que significa es que al final del día, tienes que equilibrar los dos lados”.
Falso paraíso
Enrique Macías lleva más de un año sin ver a su familia. Tiene esposa y tres hijos en Tuxpan Nayarit. Es la última semana de marzo y se encuentra a bordo de un camión de pasajeros de la línea Tres Estrellas de Oro. Viaja a Tijuana por 16 dólares desde Los Ángeles, porque piensa tomar ese mismo día un vuelo con rumbo a Tepic. Pasará su cumpleaños 39 en su pequeña ciudad de 37 mil habitantes.
“Ya se me cuecen las habas”, dice cuando el chofer pone en marcha la unidad, en la que viaja otro nayarita, a quien Macías conoce ahí mismo, por casualidad.
Su paisano dice llamarse Rogelio Nava. Tiene 54 años y es originario de una ranchería en el municipio de Acaponeta, en la sierra colindante con Durango y Sinaloa. Él tiene papeles legítimos desde la amnistía decretada por la administración Reagan, hace dos décadas. Pero Macías no: Compró un número de Seguro Social por 75 dólares a un traficante que opera en la esquina de Whittier boulevard y la calle Kurn, en el este de la ciudad.
El número del seguro le permitió ser contratado como pulidor de metales por una agencia de trabajo temporal. Gana el mínimo, 6 dólares con 75 centavos la hora, poco dinero para alguien que lleva en el mercado cinco años y medio. Las condiciones han cambiado desde los atentados terroristas del 2001.
“Antes no te obligaban a presentar tus papeles para darte un trabajo fijo. Pero ahora no, ahora quieren a fuerza que lleves tus papeles, y si no los llevas pues no te contratan”, dice.
Si bien la venta de documentos falsos tiene más de 10 años, su demanda no era tan grande. La rigidez con que hoy busca aplicarse la ley ha provocado el crecimiento de una industria criminal que en conjunto con el tráfico humano genera ganancias, dicen algunos, de hasta 10 mil millones de dólares cada año. Pero también creció el número de agencias de contratación diaria como la que emplea a Macías y con ello una creciente exploración de los indocumentados.
En un año, el consulado mandó imprimir por ello 100 mil folletos en los que se ofrece una guía básica de los derechos laborales. Fue la primera de seis guías emitidas por la dependencia para orientar legalmente a los inmigrantes, pues los casos de pagos inferiores al mínimo y las horas extraordinarias sin recompensa son una realidad ineludible.
Sin embargo, el consulado libra una batalla sin demasiado éxito. Los indocumentados no son afectos a leer campañas así sea para conocer sus derechos elementales, y por eso ha debido echarse mano de la radio y la televisión. Aún así, el problema de base se mantiene y no se han decretado soluciones de gobierno para remediar los problemas de fondo.
“Pareciera ser que hubiera una situación, un acuerdo tácito de mantener una subclase de trabajadores, que son los chivos expiatorios de toda serie de fenómenos y problemas”, dice el cónsul Beltrán. “Si el sistema de educación está financieramente en problemas, lo atribuyen a los costos de los migrantes; si el sistema hospitalario está en problemas, lo atribuyen al costo de los migrantes, y si el sistema carcelario está en problemas, pasa lo mismo.
“Finalmente pareciera que el migrante, a pesar de que viene a dar sus mejores años, fuera el blanco ideal para ser víctima del crimen organizado, víctima de especuladores, víctima de abusos y además el chivo expiatorio ideal para equilibrar presupuestos, o por lo menos para recibir la etiqueta de culpable del déficit fiscal que no ocasionó”.
Los inmigrantes indocumentados provenientes de México no solamente son víctimas de todo lo dicho por Beltrán, sino de su propia cultura.
La cifra de deportaciones inmediatas aumentó en años recientes. No sólo aquellos mexicanos sin documentos o con documentación falsa contribuyen al alza en los números. Los residentes legales son también sujetos a lo que el gobierno de los Estados Unidos llama “remoción sumaria”.
Hasta hace poco, los extranjeros sorprendidos sin documentos o con papelería falsa tenían derecho a una audiencia con un juez migratorio. Pero nuevas leyes que han ido incorporándose desde el 2001 permiten al gobierno ejecutar la deportación en el instante que así lo decidan y con escasas posibilidades legales de una reconsideración.
“Las personas deben entender que hasta cuando obtienen documentos formales y cometen un crimen, deben consultar a un abogado especializado, y no a un defensor de oficio, pues regularmente fallan en sus defensas y no los asesoran debidamente. La consecuencia de una mala elección, es la deportación y el retiro de la visa”, dice Amy Ghosh, una abogada que emigró de la India hace 10 años.
Las oficinas de Ghosh, en el séptimo piso de un sobrio edificio en Wilshire boulevard, tienen una vista envidiable. Desde ahí se ve la bifurcación de una ciudad que por décadas ha sido un símbolo para el inmigrante: Por los ventanales detrás de ella pueden verse Beberly Hills y las colinas de Hollywood con todo y su famoso letrero, y frente a sus ojos una parte de los barrios del oeste, en cuyas inmediaciones se encuentra el parque McArthur, una de las cuatro grandes zonas donde se trafica con documentos falsos.
Traficar sin presiones
El parque recuperó su belleza hace unos siete años. Hoy, los dos cuerpos que lo componen presumen un pasto verde y perfectamente recortado, jardines llenos de flores multicolor, fuentes y estatuas en buen estado y un lago artificial con parvadas de patos que parecen respetar la pulcritud. Antes fue un nido de criminales y buena parte de la década de 1980 fue incluso zona donde caían paracaidistas del sur de México y Centroamérica, para ocuparlo con chozas de cartón.
“Mientras exista la necesidad de mano de obra y esa mano de obra se tenga que documentar, aunque sea con documentos apócrifos, siempre va a haber algo. Aunque arrestes a cinco van a haber otros 10, otros 15 que tomen el relevo”, dice el cónsul Beltrán de los traficantes que operan en las inmediaciones del McArthur, que puede verse desde las ventanas de su oficina.
Beltrán ha visto desde su silla al menos unas cinco operaciones encubiertas para detener a esos vendedores, pero la industria no ha sufrido mayores descalabros. El Servicio de Inmigración y Naturalización mantiene en operaciones una agencia para tal efecto, llamada EYES. Ellos son los encargados de acercarse como compradores para luego sorprender en faena a los traficantes.
Los reportes que llegan a Beltrán indican que hay contundencia en las acciones, en un estricto sentido policiaco, pero la abogada hindú manifiesta lo contrario, juzgando el resultado de sus propios balances.
“Ahora la oficina de inmigración no está enfocada tanto con la gente de origen mexicano”, dice. “Es mucho mayor el pendiente que tienen con otros extranjeros, sobre todo de oriente y oriente medio, que en un momento dado pueden emplear la frontera con México para internarse al país. Por eso, las operaciones encubiertas han disminuido y lo mismo ocurre con el número de casos que llegan a los juzgados”.
La salida en la estación McArthur de la línea roja del metro es un buen lugar para ofrecer documentos. A diferencia de William, aquí los traficantes se disfrazan de vendedores ambulantes, de cuidadores en los estacionamientos públicos o simplemente fingen conversar en grupo.
Marlo es un salvadoreño con menos de 30 años. Dice que sus falsificaciones son mejores a las de Huntington Park, y es por eso que cuestan 250 dólares. El paquete incluye una licencia de manejo, una tarjeta verde y un número del Seguro Social.
Su red es mucho más compleja o cuidadosa que la de William. En un local vecino del centro médico Wilshire, a unos cuantos pasos de la salida del metro, el acuerdo se realiza después de un breve interrogatorio. La fotografía se toma en unos establecimientos fuera de la zona, y dos horas después entregan los documentos en el estacionamiento de la misma clínica. El trato ocurre siempre y cuando haya un adelanto del 50 por ciento y debe marcarse al celular del vendedor, en este caso al de Marlo: (213) 210 1939.
“La cosa está difícil, amigo”, dice. “Así que dispense las molestias”.
Esa forma tan simple de operar fue uno de los principales motivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el impulso de la matrícula consular, un documento de identificación para inmigrantes mexicanos que residen en Los Ángeles. El documento, dice Beltrán, es mucho más difícil de falsificarse que una licencia de conducir del estado de California, pero aún así ha desatado grandes controversias.
En febrero, Michael Antonovich, uno de los integrantes de la junta de supervisores del condado de Los Ángeles, dijo que la matrícula es un documento que ampara a criminales y fustigó al gobierno mexicano por alentar lo que él mismo calificó como una “amnistía de facto”.
“Esto (el documento) permite a los terroristas y criminales de todo tipo escapar de la detección, atentando contra la seguridad de nuestros ciudadanos”, dijo cuando el consulado ya había expedido dos millones de matrículas de seguridad. “Además le da una amnistía de facto a la inmigración ilegal, porque les permite una sensación de seguridad falsa de que están legalmente en este país, cuando son ilegales”.
La matrícula, a pesar de su carácter limitado, ofrece un respaldo básico a los inmigrantes, y es además una forma de contrarrestar la creciente demanda de papelería falsa. Con ella los indocumentados pueden acceder a ciertos beneficios, como la apertura de una cuenta de banco e incluso la prestación de servicios médicos en algunos hospitales públicos.
Pero sobre todo, pueden hacer camino para en caso de una segunda amnistía como la de hace 20 años. Con la matrícula, dice el cónsul, puede tramitarse el Número Individual de Identificación para el Pago de Impuestos (ITIN), un código mediante el cual los trabajadores indocumentados pueden presentar su declaración de impuestos.
Antonovich la repudia no sólo por esa prerrogativa, sino porque además, dice, son también blanco de los traficantes de papelería falsa.
En parte tiene razón. Marlo y William las venden por 50 y 35 dólares. Es un exceso que se permiten por la ignorancia del comprador, porque obtener una es completamente gratis siempre y cuando se acredite la ciudadanía mexicana.
“Siempre he manejado una frase: La Manera eficaz de gobernar, es gobernar dándole la cara a la realidad”, dice Rubén Beltrán. “El hecho de que las autoridades en general de este país no gobiernen haciéndole frente a una realidad que es la realidad de la migración, una de las consecuencias que tiene, es la proliferación de ingresos al crimen organizado.
“Y hay dos ramas del crimen organizado que se benefician directamente: el tráfico de personas y el tráfico de documentos”.